Dudan acudir a la CEDHJ, pues consideran que el organismo está a favor del gobernador Enrique Alfaro Ramírez
Luego de una larga lucha que culminó con la derogación de la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, casi un centenar de profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco –COBAEJ- fueron cesados y se les ha negado la vacuna contra el Covid 19.
Cerca de 100 docentes del Colegio de Bachilleres de Jalisco ( COBAEJ), que fueron despedidos protestaron a las afueras del Auditorio Benito Juárez, en Guadalajara, donde se encuentra el módulo de vacunación para docentes, debido que no les colocarán el biológico.
Los maestros explicaron que desde enero no les han pagado su sueldo y ahora les negaron a la inmunización, por lo que exigen que se les vacunen debido que aún pertenecen a la docencia.
«Ni siquiera nos tienen el registro para vacunar a los 100 compañeros, por eso denunciamos que nos apoyen, se solidarice los compañeros maestros que acuden a ser vacunados» dijo uno de los docentes en la capital del estado.
Por su parte, los maestros en Puerto Vallarta, se solidarizaron, pues también a ellos les han cesado, según confirmó el profesor Alfonso Martínez Ochoa, profesor del Cobaej en esta ciudad explicó que luego de un “desencuentro” con el gobernador, que les pidió que golpetearán a la Federación, se les dio de baja, “pues no quisimos entrarle a ese pleito político”.
“Nosotros no tenemos que ver nada, entonces de inmediato hubo consecuencias, al no acceder a l que el gobierno del estado nos pedía, inmediatamente dejaron de pagarnos”, dijo Martínez Ochoa.
De tal manera que, en Puerto Vallarta, son siete profesores que un año después de ser reinstalados, fueron cesados y desde inicios de 2021, dejaron de percibir su salario.
“No dieron de baja en pleno semáforo rojo”, reclamó el docente quien lamenta esta situación y que “por cuestiones políticas –entre el Estado y la Federación- nos dejen en medio, sin trabajo y sin vacuna”.
Debido a esta situación, Alfonso Martínez y sus demás compañeros ya han emprendido recursos legales en contra del gobierno del estado para volver a ser reinstalados, pues no confían en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, organismo al que consideran parcial y servil al gobierno estatal.
