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José Fernando Ortega |

En «stand bay» acción legal para sacar de circulación a camiones urbanos viejos en Vallarta

Aunque obtuvieron suspensión provisional siguen en la mira de la Secretaría de Transportes, pero se detuvieron las acciones legales por el Covid-19

La contingencia derivada del Covid-19 ha permitido que los permisionarios disidentes continúen utilizando camiones viejos en diferentes rutas del transporte público de Puerto Vallarta, en un comportamiento que la autoridad estatal califica de ilegal, pero que de acuerdo a aquéllos, surge por el incumplimiento de compromisos de la ruta-empresa.

Al respecto, el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, informó que el amparo que concedió el juez federal a los propietarios de esos camiones sigue vigente pero eventualmente tendrán que responder ante la dependencia porque cada vez son más peligrosos para los usuarios.

“Se trata sólo de una suspensión provisional y el juez no les concedió la razón, sin embargo ante la contingencia de salud esto quedó detenido, aunque continúan en la mira”.

Está convencido de que tiene la razón porque en su momento los permisionarios entregaron sus concesiones con el compromiso de sacar sus unidades y adherirse a la empresa que adquirió los documentos, pero también hay que recordar que la empresa adquirió compromisos con dichos socios, que no ha cumplido cabalmente.

“Eso que están cometiendo puede ser calificado como un fraude, porque ellos o vendieron o se unieron a una sociedad mercantil de la cual sus permisos no sólo no están vigentes, sino que puede ser que se encuentre falsedad en documentación”, advirtió.

Añadió que en el tema ya no sólo estarán involucradas las áreas jurídicas del gobierno del estado sino también la Fiscalía, que están tomando partes y una vez que las dependencias reanuden sus actividades de forma regular se dará seguimiento al caso.

“No nada más es una incongruencia que cobren la tarifa de 10 pesos utilizando camiones chatarra, también es un abuso hacia los usuarios, lo cual es un argumento ante la autoridad, porque no solamente dañan un gran esfuerzo de toda la sociedad de Puerto Vallarta de tener un nuevo sistema de transporte al dar pasos para atrás, sino que también están poniendo en riesgo a la ciudadanía, pues no tienen seguro, no tienen permiso, no tienen placas”.

Insistió en que están fuera de la legalidad y eventualmente se resolverá este problema que permitió algún juez.

Los permisionarios han reiterado que no sólo fueron prácticamente obligados a ser socios de la empresa, sino que no se ha cumplido con los pagos que deberían percibir como tales. Además argumentan que la empresa no ha podido con el paquete de dar el servicio de la calidad que exige el usuario.