CONTEXTOS
Del otoño de 2017, cuando el surgió movimiento femenil “Metoo”, al lunes 9 de marzo del “Un día sin Nosotras”, en México el movimiento feminista parecía haber colocado contra la pared al machismo arraigado, a los gobiernos y sus funcionarios reacios en asumir la defensa de la violencia de género.
Un antiguo funcionario municipal no supo entender el mensaje y la madrugada del domingo 26 de julio, fue pillado en situación comprometedora. Era Luis Alonso “N”, alias “el botas”. El reporte de los policías a sus superiores decía que había sido sorprendido parado frente a la puerta de un vehículo en cuyo interior estaba desnuda una menor de 10 años de edad.
El caso provocó la indignación de la sociedad vallartense. Esa furia no contenida se hizo presente este último domingo 16. Una caravana de algo menos a 200 automotores y unas 250 personas desfilaron desde el ingreso norte a la ciudad hasta la Plaza de Armas. Con la frase “Las niñas no se tocan” como estandarte y la exigencia de poner un alto a la violencia contra las mujeres, también hacer sentir su repudio a un magnánimo juez que resolvió no vincular a proceso por el delito de corrupción de menores al detenido.
La media tarde de éste viernes 14, el juez Jorge Luis Solís Aranda le abrió las puertas de la cárcel al procesado y atrajo a él la atención nacional por el escandaloso caso de un detenido juzgado por el pueblo erigido un tribunal popular que en las redes sociales ya expresó su sentencia.
Algunos diarios de circulación nacional, en su edición digital de lunes mantuvieron por dos o tres horas como nota principal la declaración del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Santiago Nieto que al juez Solís Aranda y a Luis Alonso “N” se les habían congelado sus cuentas bancarias. En teoría revisarán movimiento de ingresos y egresos para determinar si hay posibles irregularidades de uno o del otro. Sobre el juez recae el supuesto de la sospecha de haber recibido paga por su generoso veredicto.
Si bien el movimiento del “MeToo” tocó de refilón las sensibles fibras de los feministas, cuando en los primeros meses de este año brotó incontenible la revolución feminista en el país, todos quedaron advertidos de las graves consecuencias de atreverse a atentar contra las mujeres. “Las brujas del mar”, ese colectivo jarocho que convocó al “un día sin nosotras” para el jueves 9 de marzo cimbró todos los rincones del territorio nacional y Puerto Vallarta no fue la excepción. El “Un día sin mujeres” fue la señal de protesta y desde esa fecha, quedo inscrito que la mujer era sagrada.
Es sabido por todos lo enraizado del machismo mexicano y su consecuencia es la continua violencia de género hasta en el calor del hogar. Si eso alienta pena capital y a todos irrita de sobremanera, mancillar a una niña provoca la furia a mujeres y hombres.
Cuando por la atrofiada mente de Luis Alonso “N” tomó forma la enfermiza idea de saciar su insana perversidad no alcanzó a dimensionar las consecuencia que le traería, a él y su familia. Tiene al pueblo, en su contra. También causó rabia de los vallartenses que se ha propuesto enjuiciar al juez de la causa.
Se ha escrito que al “no provocó placer” en la víctima, una víctima de diez años, no se configura el probable delito de “corrupción de menores” y al reducirse al simple delito en grado de “tentativa de abuso sexual infantil”. Por ser éste delito no grave, se abre la posibilidades de lograr el preso afianzar su libertad y desde casa continuar su defensa legal.
El tribunal popular desde las redes sociales ha sido implacable al emitir sentencia, contra el detenido y el juez venal. Quizá movido por instinto oportunista, emergió el gobernador Enrique Alfaro a tal punto que se erigió como el defensor de la desamparada víctima. En realidad, la Fiscalía de Justicia General del Estado, donde despacha Gerardo Octavio Solís Gómez, había dado muestras de especial interés en el caso local y hasta envió fiscales especiales que al final no lograron aportar evidencia capaz de convencer al juez de haber delito de “corrupción de menores”.
La Fiscalía fue la primera en reaccionar a la decisión del juez. Este fue el pronunciamiento: “Dicha resolución vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor”. Fue hasta el domingo, ya con la rebelión, mayoritariamente feminista, fue cuando el gobernador Alfaro se animó a dar su posicionamiento.
Es claro que la opinión del gobernador tiene un peso específico si se trata de impartir justicia. Dado los tiempos de las decisiones, la Fiscalía avisando el viernes que apelará la decisión del juez y luego él anunciando la separación del magistrado, sin duda nada ha sido fortuito ni circunstancial. Se evidencia hasta un manejo político a fin de presentarse Alfaro como el gran impartidor de la justicia. Ha debido salir él para hacer pagar al juez las consecuencias de tan monstruoso resolutivo.
A las 12:27 Alfaro publicó “el juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separados del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad”. Luego, “Acabo de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me confirma que el Consejo de la judicatura tomará cartas en el asunto de inmediato”.
Del domingo 26 de julio al domingo 16 de agosto transcurrieron tres semanas de un silencio sospechoso de nuestras autoridades. Y hasta dos días después de la resolución del juez levantaron la voz y se solidarizaron con los manifestantes del domingo. Es una justicia tan lenta como torpe. Estará por definirse si hubo corrupción, ya no de menores, sino del encargado de aplicar justicia, del juez Solís Arana.
Revolcadero
Consideramos oportuno dejar en claro que el presunto pederasta ejercía la jefatura de Recursos Humanos de Seguridad Pública por mandato de una autoridad, en este caso laboral, que ordenó hace poco más de un año reinstalar al ahora procesado. Es decir, no fue por decisión de la actual administración municipal, sino por mandato de una autoridad ajena que Luis Alonso “N” aparecía como funcionario público al momento de ser aprehendido el domingo 26 de julio. Eso sí, tiene una larga trayectoria como servidor público y sus amigos coinciden en haber aparecido por primera vez en la nómina municipal cuando Gustavo González Villaseñor fue presidente municipal, de 2004 al último día del 2005. Hasta poco antes de ser reinstalado fue empleado de medio pelo en el Seapal, a donde saltó desde que a finales del 2012 fue despedido por Ramón Guerrero Martínez, cuando éste llegó a la alcaldía. A Cesar Abarca, se le señala de haberlo invitado a trabajar en el Seapal.
****** Apenas encarcelaron a Patricia Aguilar, por cuestiones relacionadas a supuestas ventas fraudulentas de lotes urbanos, decenas de policías estatales y municipales ejecutaron el miércoles 12, un masivo desalojo de un predio en las inmediaciones al populoso fraccionamiento La Misión. Al haber familias completas, niños y niñas, las escenas fueron dramáticas. Hubo algunos detenidos que al cabo de pocas horas fueron liberados. Lo que nos resulta tan curioso como anecdótico es el aderezo de tratarse de un vecindario que algunos tachan de ser paracaidistas o invasores. Por esa naturaleza fue el desalojo. El asentamiento se llama “Emiliano Zapata”, igual que la colonia donde se fraguó la historia de Paty Aguilar. En este caso, los “promotores” de la invasión son identificados como dirigentes del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas. Dicha influencia facilitó la pronta liberación de los detenidos. Previo a su asamblea estatal, la crea y nata del PT de Nayarit se sintieron agredidos por el gobierno del estado. Pretendiéndose hacerse escuchar más allá de la entidad, le escribieron hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador, su gran aliado político. Se la acredita al coordinador de la engordada fracción petista, Reginaldo Sandoval Flores como quien intervino paro excarcelar a los presos del PT. Y fue el ex diputado local Jorge “el fugio” Ortiz quien se encargó de hacer el trabajo.
******* La mañana de éste sábado 15, hasta el fraccionamiento Idipe de Ixtapa llegó con sus prisas un vehículo de Protección Civil de Cabo Corrientes. Fueron en auxilio médico a un empleado de aquella municipalidad con problemas de salud causado por el Covid-19. Le proveyeron de un tanque de oxígeno y por algunas horas se encargaron de brindarle atención. Cuando registraron mejoría en el paciente regresaron a El Tuito. Para hoy lunes 17 de agosto, Erik ha mejorado. Fue oportuno el apoyo de sus compañeros. No es grato saber que desde aquel municipio vinieron a dar atención al vecino y amigo. Su caso, pero sobre todo por tratarse de un paciente de una edad que no alcanza los 30 años solo nos indicar que el virus chino no solo es agresivo con personas vulnerables, a los adultos mayores o de la tercera edad. Jóvenes de rebosante salud también pueden ser víctimas.
