La reciente aprobación del impuesto al turista extranjero en Puerto Vallarta ha generado un amplio espectro de opiniones entre la comunidad local y los actores del sector turístico. Esta medida que impulsó el alcalde Luis Ernesto Munguía tiene como objetivo captar hasta 200 millones de pesos anuales para fortalecer la infraestructura del destino. La propuesta se plantea a través de un fideicomiso que, en teoría, garantizaría la transparencia y la correcta aplicación de los recursos recaudados. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puerto Vallarta, bajo la presidencia de Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, manifestó la necesidad de un análisis crítico y propositivo sobre esta iniciativa.
Uno de los principales desafíos del nuevo impuesto es su naturaleza «sugerida». Este enfoque puede permitir que la medida evite una respuesta negativa inmediata de los visitantes; no obstante, también genera incertidumbre sobre su efectividad recaudatoria. Es fundamental preguntarse cómo se asegurará que una cantidad significativa de turistas opten por pagar este impuesto. Experiencias en otros destinos han mostrado que el éxito de impuestos similares depende en gran medida de campañas de sensibilización adecuadas y de una estructura de cobro clara y eficiente. Sin estos elementos, las proyecciones de recaudación podrían no materializarse como se espera.
Adicionalmente, la mecánica de recolección del impuesto a través de dos puntos específicos, el aeropuerto y la terminal marítima, podría resultar insuficiente. Surgen preguntas sobre qué sucederá con los visitantes que lleguen por carretera o aquellos que utilicen plataformas digitales para sus reservas de alojamiento. La ausencia de un mecanismo integral para la recolección puede llevar a una recaudación inferior a la proyectada y a una aplicación desigual de la contribución, lo cual podría desincentivar su implementación.
La Coparmex agregó que otro aspecto crucial a considerar que es el destino final de los fondos recaudados. Se ha propuesto que sean administrados a través de un fideicomiso que contemple la representación de la ciudadanía, el sector empresarial y el gobierno. Sin embargo, antecedentes en México indican que los fideicomisos, en ocasiones, carecen de reglas claras de operación y supervisión independiente, lo que puede resultar en una falta de transparencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. Para asegurar que el impuesto logre su propósito, se requieren mecanismos sólidos de auditoría pública y participación genuina del sector privado y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.
La pregunta sobre cómo se va a garantizar que los fondos se inviertan efectivamente en infraestructura turística, y no en gasto corriente del Ayuntamiento, es pertinente. Igualmente, la creación de reportes periódicos y accesibles para la ciudadanía es esencial para mantener la credibilidad de la medida y asegurar que los fondos se utilicen de manera adecuada.
Si bien la intención de mejorar la infraestructura turística es válida, la Coparmex Vallarta sugiere que se exploren alternativas complementarias para maximizar tanto la recaudación como el impacto del impuesto. Una opción podría ser la inclusión del sector hotelero y las plataformas digitales en la recaudación. Implementar un cobro indirecto a través de hoteles, Airbnb y agencias de viaje en línea, como se ha realizado en otros destinos turísticos, podría mejorar la eficiencia en la recaudación sin generar fricción con los visitantes.
Al cabo, se requiere abordar la cuestión con una perspectiva crítica que asegure su efectividad y transparencia. Solo así se podrá contribuir de forma significativa al desarrollo sostenible de la infraestructura turística en la región, beneficiando tanto a residentes como a visitantes, concluyó.
