CONTEXTOS
En la segunda parte del mes de julio de 2025, hace poco más de un año, primero el Congreso y dos semanas luego el Senado, bajo control mayoritario de Morena, aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones, (CRT) con el añadido de ordenar a la Comisión Reguladora emitir nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias, derechos incorporados a la Constitución (Artículo 6) en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El artículo 6 de la Constitución Mexicana establece la libertad de expresión, derecho a la información y acceso a las tecnologías de la comunicación y el internet. Se incluye el derecho a la manifestación de ideas y se precisa que nada puede ser censurado, “salvo en casos que afecten la moral, la vida privada, los derechos de terceros, que provoquen delitos o perturben el orden público”.
Hace dos semanas, el viernes 24 de julio, la CRT presentó la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un proyecto sometido ya a consulta pública que se extenderá hasta el 21 de este mes de agosto.
Son los lineamientos que tendrán como fin regular los contenidos de radio y televisión, con el tentador alcance a la prensa en sus distintas modalidades, escrita, digital y la llamada “prensa gratuita”, donde se clasifican canales de Youtube y demás plataformas. Es decir, se trata de un intento más del gobierno de Morena por regular a las redes sociales y todo lo que ello implica.
Los nuevos lineamientos propuestos abrieron un apasionado debate, la controversia en donde se alineó el bloque oficialista del gobierno y afines, y el bloque opositor. Entre estos últimos, está la unánime posición de la prensa independiente que advierte de las amenazas de nuevas intentonas del régimen morenista por censurar a la prensa y quitarse de encima a la prensa crítica y periodistas que le son incómodos.
El tema de los derechos de las audiencias es por naturaleza debatible, sobre todo por tratarse de una propuesta promovida por un gobierno que ha desaparecido órganos autónomos y organismos ciudadanos y que daba garantizaban los equilibrios de una incipiente democracia mexicana.
Entre los nuevos lineamientos, se retoman figuras que la prensa tradicional incorporó inclusive hace más de tres décadas, como el caso de la figura del ombudsman y defensor del lector y audiencias de radio y televisión, o el obligado código de ética, un compendio de principios que norman la conducta de los profesionales de la información, que es común en hasta en los portales digitales.
Las nueva reglas y normas que el gobierno de la 4t trata de imponer hoy, hace obligatorio, no solo publicar códigos y criterios, nombrar a una persona responsable de la defensoría de derechos de las audiencias -el olvidado ombudsman-, sino también obligar a los medios de comunicación a distinguir “de forma clara”, con “plecas o cortinillas” cada género periodístico, noticia u opinión y hasta publicidad. Lo último, desde hace más de tres décadas, la prensa vallartense daba por cumplido con añadir al final de un boletín de prensa, el clásico “BP”. Hay prensa nacional que distingue un boletín oficial con el texto de letras cursivas.
Un representativo sector de la prensa nacional desconfía de las reales y verdaderas intenciones de un gobierno federal que se ha ganado a pulso la desconfianza de cada una de sus iniciativas que tengan como objetivo regular el quehacer periodístico. Es bien sabido de las rozaduras que causa la crítica periodística a la envalentonada clase política como también se palpan sus ganas de establecer candados de control.
En sus “mañaneras”, el modelo propagandístico del régimen por excelencia, desde el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador abrió un espacio semanal para exhibir lo que a juicio de ellos consideró “mentiras”. Esa definición se aplicó sin reglas ni lineamientos públicas y bastaba el juicio discrecional del Palacio Nacional, para que por las mañanas se lanzaran juicios sumarios contra un periodista y contra el medio que hubiera incurrido en la mentira”.
La presa independiente cree y considera que va de por medio esa intolerancia a la crítica para proponer el derecho de réplica, como una tramposa medida para por lo menos inhibir, si no es que intimidar a la prensa. Las aviesas intenciones del gobierno tendrán por meta meter en cintura a la prensa y ejercer control en el total de la prensa, someterla y rendirla y llevarla a responder a sus intereses.
El derecho de réplica existe desde hace casi dos décadas, cuando en 2007 se añadió al Artículo 6 de la Constitución de México y posteriormente, en noviembre de 2015 se aprobó una ley reglamentaria que hizo obligatoria para la prensa cumplirlo a cabalidad, sin consideraciones ni excepciones.
En términos generales, no resultan ni tan nuevos ni mucho menos novedosos los “nuevos” lineamientos para los derechos de las audiencias. Sin figuras legales que cualquier periodista de mediana experiencia las conoce y se sabe contenidos y alcances. Pero la desconfianza se basa en el tufo de la incertidumbre y entorno de una iniciativa con lagunas y vacíos jurídicos, consideraciones que se desprende por la ausencia de órganos de independencia y autónomo especto al gobierno.
El gobierno alega que solo intenta proteger a los radioescuchas, televidentes y lectores obligándolos a la distinción de la información. Del otro lado, los vacíos legales y sanciones excesivas, estas se aplicarán a discreción del propio gobierno que aniquiló órganos y organismos autónomos.
En apariencia son lineamientos comprensibles, reglas y normas que de un modo u otro ya se aplican en la prensa. Sin embargo, no es así de sencillo, por esta de por medio que el árbitro responsable de aplicar la justicia provendrá de un régimen hostil a periodistas y activistas que defienden causas contrarias a los intereses del gobierno morenista. La reglamentación propuesta faculta a los defensores las audiencias emitir veredictos y sanciones reparadores del supuesto daño que a discreción de funcionarios del gobierno consideren. Hay prisa en el gobierno por designar personeros que se harán cargo de aplicar los instrumentos de la censura, so pena de sanciones de no moderar contenidos.
Con un gobierno que persigue, acosa, inhibe, intimida, amenaza, y en extremos casos, tolera asesinatos de comunicadores y activistas sociales, es natural que prive la desconfianza de una prensa que se niega a ser sometida. Es la prensa linchada por Amlo desde sus mañaneras, acusada de derechista y conservadora, difama e injuriada por hacer gala de su independencia y autonomía. A esa prensa se quiere silenciar, a la prensa que nos permitió conocer todo tipo de excesos, saber de abusos y atropellos de la clase política, así hayan sido priistas, panistas y morenistas de hoy.
En principio, las disposiciones propuestas se anuncian para radio y televisión, pero en buena medida, el mismo periodista migra en un solo día de la radio y la televisión, a la prensa digital y prensa escrita. Es decir, las consecuencias se amplían a todo el oficio.
Hay suficientes razones para desconfiar de las intenciones de un gobierno que parece inspirado en modelos impuestos por gobiernos tiranos, en la Venezuela de Hugo Chávez o la Rusia de Putin, donde el gobierno persiguió a periodistas y empresarios del ramo hasta echarlos del país y despojarlos de sus concesiones.
Revolcadero
En Nayarit, la “campaña” interna se puso color de hormiga y muchos desde el anonimato pasan por encima de las reglas establecidas por Morena. Esta semana las baterías apuntaron al alcalde con licencia de Bahía de Banderas, al que siguen señalando que ha hecho de pollos y huevos, su estrategia para acarrear personas a sus mítines. Sin embargo, no hay nombres ni rastros de los autores de la campaña que desde fuera se ven negras intenciones de bajar del caballo al Santana del Valle. En el cuarto de guerra de Héctor Santana García sospechan y creen que los ataques deben venir de dos rutas, una al bunker de Geradine Ponce y otra línea, más tenue por cierto, a incondicionales del senador Pavel Jarero. En las redes privadas le llueven señalamientos y le dejan preguntas que ponen en duda el financiamiento. “¿De dónde salió el dinero sucio”?, preguntan en mensajes de whsapps que circulan en la zona metropolitana de Tepic. Y en pláticas privadas, el tema que domina son los tiempos de un Héctor Santana, que como diputado era allegado al ex gobernador preso, Roberto Sadoval y al ex fiscal Edgar Veytia, sentenciado en el país gabacho. Pero bueno, que nadie se asombre porque así se las gastan en territorio cora cuando está de por medio la gubernatura.*******El organismo operador SEAPAL Vallarta, bajo la dirección de Carlos Ruiz, está listo para poner en marcha la fase inicial del programa de Bebederos Públicos, un proyecto diseñado para suministrar agua potable de manera gratuita a deportistas, transeúntes, trabajadores y turistas en zonas de alta concurrencia del municipio. De arranque, se contempla instalar 7 módulos con infraestructura moderna de hidratación, 3 para deportistas la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, uno en el Módulo Deportivo La Lija, uno en la Unidad Municipal Administrativa (UMA), uno en las instalaciones centrales del organismo y otro más en el paseo del Malecón, socializado con comerciantes y vecinos del Centro. La oficina del director Carlos Ruiz, precisó que la red busca incentivar la hidratación familiar ayuda a economizar el gasto de la población en la compra de agua embotellada al promover el rellenado de botellas reutilizables en los principales puntos recreativos y turísticos del puerto.****** Puerto Vallarta fue sede del Primer Congreso Internacional de Infraestructura Educativa al “Estilo Jalisco”, un evento que reunió a especialistas, autoridades estatales y municipales, así como representantes del sector de la construcción, intercambiaron experiencias para fortalecer los espacios educativos. Los participantes compartieron experiencias y analizaron los retos de la infraestructura educativa. En su mensaje de bienvenida, el arquitecto Luis Ernesto Munguía González destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de Jalisco para impulsar obras y programas en beneficio de los planteles educativos de la ciudad. «Cuando hablamos de infraestructura educativa no solo hablamos de construcción, de concreto, de acero o de edificios; hablamos de oportunidades, hablamos de igualdad, de espacios donde nacen los sueños, se forman ciudadanos y se construye el futuro de nuestras comunidades», expresó el alcalde. El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), Francisco José Ontiveros Balcázar, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, fue el encargado de inaugurado el congreso y destacó que el trabajo conjunto del Gobierno del Estado, los municipios y el sector de la construcción ha permitido consolidar a la entidad como referente nacional en infraestructura educativa. “Las escuelas no nada más sirven como aulas; sirven para crear comunidad”, afirmó el funcionario estatal.
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