Tamaño de texto


José Fernando Ortega |

Para regular el sector inmobiliario y evitar fraudes difunden la nueva legislación en Jalisco

En evento organizado por Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Cabo Bahía Sur con diputada federal Mirza Flores

 

Diputados locales aprobaron la nueva ley que regula la Prestación de Servicios lnmobiliarios en el Estado de Jalisco con la que se busca regular el sector y evitar fraudes, pues establece la creación de un registro estatal de prestadores profesionales de servicios inmobiliarios, agencias y asociaciones para que puedan tener procesos de certificación en la materia y asesorar a la ciudadanía y que sea regulado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Así lo informó la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Mirza Flores Gómez, quien impulsó la iniciativa desde la pasada legislatura estatal (2018) y estuvo de visita en Puerto Vallarta donde se presentó una ponencia sobre el tema organizada por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Cabo Bahía Sur, que preside Patricia Virgen Alvarado.

Subrayó que el objetivo de esa ley es garantizar que las personas que se dedican a esta actividad estén capacitadas, certificadas y acreditadas, y que el usuario final, que son los clientes, reciban el beneficio de que, cuando quieran buscar a una persona para que los asesore en materia inmobiliaria, puedan encontrar personas certificadas y acreditadas.

Además, se espera que cualquier persona pueda acceder a este padrón para consultar la información requerida y evitar fraudes o anomalías en los trámites que se realicen para la compra y/o renta de vivienda en el estado.

“Hoy por hoy las asociaciones inmobiliarias, que son quienes promovieron esta ley, pues tienen más de 10 años promoviéndola, son los mayores interesados en estar dentro del marco de la ley para ofrecer un mejor servicio. Ellos ya están acreditados están acreditados ante sus mismas asociaciones, pero ahora quieren tener el reconocimiento del gobierno del Estado y de esa forma dar más certeza jurídica a quienes van a asesorar”.

Explicó que tras 180 días a partir del día de su publicación se deberán fijar las reglas, definir quiénes impartirán los cursos para obtener la acreditación; además se deberán de incluir a los colegios de contadores de notarios, colegios de abogados, las mismas asociaciones de inmobiliarias “porque ellos ya tienen mucha experiencia capacitando y certificando a quienes están agremiados, poseen el valor curricular y se encuentran acreditados ante la Sedeco. Hoy las asociaciones inmobiliarias tienen sus propios mecanismos de certificación porque tienen muchísimos años capacitándose y actualizándose”.

La legisladora aclaró que esta ley no tiene nada que ver con el mercado, sólo con la certificación de quienes brindan un servicio calificado, pues otro tema es el derecho a la vivienda y a la calidad de vida en las ciudades, caso concreto de Puerto Vallarta, donde ante la creciente demanda y costos de las rentas, cada vez más personas quedan marginados de tener acceso a una vivienda digna.

“Lo que nosotros tendremos que cuidar es que Puerto Vallarta siga teniendo este sabor a pueblo que no se le quita y por lo que le da ese encanto. Si lo convertimos en una ciudad solo para los turistas o para los ricos que puedan pagarlo, le quitamos todo el encanto”.