CONTEXTOS
Ya desaforado por el Congreso de Nayarit, el magistrado, Rodrigo Benítez Pérez se enteró del registro del influyente “asesor” del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, Gabriel Camarena Morales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicó el primero de una serie de escritos donde enumera los excesos, abusos, atropellos, enjuiciamientos a quienes se les oponen y decretar leyes y enmiendas para lograr despojos de inmuebles en Bahía de Banderas.
El jueves 21 de noviembre, el Congreso del Estado en sesionó, con 24 votos a favor y 6 abstenciones atención la solicitud de la Fiscalía General de la República para fincarle delitos de desaparición forzada en materia de obstaculización y delito de violación de una trabajadora a su cargo. Además, de tráfico de influencia cometido este último cuando fue director de Investigaciones Ministeriales en la Fiscalía estatal, hace unos cinco años.
Cuando la FGR solicitó la procedencia del desafuero, allá a mediados de octubre, estaba claro que el encontronazo del magistrado Benítez Pérez con el gobernador Navarro Quintero iba en serio. Había sido sub fiscal y en la Fiscalía General de Justicia del estado era su brazo derecho. Se habían conocido desde los tiempos del PRI, lo siguió en sus aventuras políticas en el PRD y lo acompañó a Morena.
Cuando el 6 de junio de 2021, Morena ganó los comicios para gobernador, al lado de Navarro Quintero estaba Rodrigo Benítez. La foto del 1º de septiembre de ese año no fue muy distinta aunque ya aparecían personajes nefastos, a los que llamaron “los chilangos”. Pedro Haces -el impúdico fundador de la CATEM que financia los bacanales del líder de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal- ya empezaba a robar cámara, pero más discreto emergía un abogado que en poco tiempo adquirió enorme poder. Era Gabriel Camarena Morales.
De la Fiscalía estatal, Benítez Pérez pasó al Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit. Fue nombrado presidente de la Sala Civil y hoy sabemos que todo obedecía a un plan preconcebido para saciar los siniestros planes que desde a capital del país importaban “los chilangos”. En las dos extensas publicaciones, el abogado frece amplios detalles de los orígenes del rompimiento con Navarro Quintero que lo tiene al borde de la cárcel.
Un día después de su desafuero, el viernes 21 de noviembre, el magistrado en desgracia hizo tronantes revelaciones en las redes sociales, tomadas por declaraciones que hallaron foro en la prensa nacional. La prensa de Nayarit se muestra maniatada y cerró sus espacios a expresiones que cuestionen o critiquen al gobernador.
El defenestrado magistrado se declaró perseguido político, víctima del gobernador Navarro Quintero y del fiscal Petronilo Díaz Ponce. Afirmó que su desafuero y las investigaciones que le achacan tienen explicaciones en los desacuerdos con las políticas implementadas desde el primer día del gobierno morenista, la operación mordaza la promovió el gobernador y Petronilo Díaz Ponce. Dice haberse opuesto a usar la Fiscalía, una herramienta para fines político, posición que adoptó en los dos años que se desempeñó como subfiscal. En la tercera semana de septiembre del 2023, el propio gobernador lo promovió para la magistratura, junto con José Omar Arciniega, otra pieza alineada al ejecutivo estatal.
Cuando el jueves 28 de noviembre asado, el Comité de Evaluaciones del Poder Ejecutivo hizo público los nombres de candidatos ahí estaba un nombre que retumbó en el Palacio de Gobierno de Nayarit. José Gabriel Camarena Morales estaba apuntado para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fluyeron los primeros rumores de tratarse del siniestro asesor del gobernador, el operador político que se esconde en las crujías que una vez hubo en el palacio de la avista México. Son 484 candidatos, y ya sea por elección o por tómbola, hay posibilidades reales del ungimiento del execrable líder de los “chilangos” que se le pegaron como sanguijuelas a Navarro Quintero cuando fue Senador de la República. Al trascender, en Nayarit se divulgó la versión de acusaciones en su contra por presunto fraude fiscal, la supuesta especialidad de la que hace gala y trae abombado al gobernador.
Bien, conocida la aspiración del que ahora sabemos es acérrimo enemigo del abogado defenestrado, publicó en sus redes sociales: “Por la fabricación de delitos para mi desafuero, por las amenazas y la agresión contra mi vida que recibí ‘casualmente’ el mismo día de su presentación en el Congreso, he decidido hacer pública, poco a poco, la información que tengo y que es de interés público, son hechos que me constan, de las que tengo documentos, conversaciones y hasta audios en algunos casos, y sobre todo, en su mayoría constan en carpetas de investigación, actas administrativas y/o constancias de procesos penales”.
Ese mismo martes -de la semana pasada-lanzo su primer incendiario texto. Si bien extenso (20páginas), el contenido no tiene desperdicio. Aborda el mega operativo FIBBA y lo relacionado al llamado Fondo Soberano, lo que llama “estrategia suicida convertida en perversa”, promovida por Gabriel Camarena y su aliada Diana López Zurita. Relata que en septiembre de 2021, el primer círculo de colaboradores del gobernador asistieron a la primera reunión en una casa de la colonia San Juan. Ahí conoció a los abogados “chilangos” Otros asistentes era el fiscal Petronilo Díaz Ponce y el licenciado Echeagaray (se refiere al Juan Antonio Echeagaray Becerra, nombrado secretario general de gobierno). De Camarena y Diana López Zurita, dice que los dos ya hacían gala “de cercanía y mando. El expositor principal de la reunión fue Carlos Gutiérrez Andreassen, “quien muy al estilo CDMX con el apoyo de una presentación audiovisual impecable se presentó como experto en Fondos de Inversión, y expuso el proyecto de desarrollo multimillonario del grupo Artha Capital, en particular del desarrollo NIA ubicado en la carretera La Cruz de Huanacaxtle hacia Punta de Mita en Bahía de Banderas”.
En este texto y un segundo, este publicado apenas el sábado 7, ya de diciembre, son nombres recurrentes en los relatos revelados del abogado Benítez.
El gobernador elogió planes y proyectos Artha Capital y NIA, proyectos que enfrentarían desafíos legales y para ello, en una reunión posterior a septiembre de aquel 202, “a Gabriel Camarena y a mí nos encargó hacer mancuerna para operar el tema”. De ahí nacieron las diferencias con los promotores de inversión protegidos del gobernador cora. Revisaron y hallaron potenciales líos, un amparo del ejido Higuera Blanca y tres juicios civiles ya con suspensiones otorgados por juicios civiles. El presidente del tribunal Ismael González Parra y su equipo de confianza se alineó a la mesa de trabajo que se instaló para saldar los juicios (el presidente magistrado González Parra renunció extrañamente en noviembre de 2022). Las medidas cautelares del fuero común se resolvieron. El ejido sostuvo que su reclamo era legítimo, se negó desistir de su amparo y una noche, desde el hotel Marival Armony se ejecutó el operativo que contó con el apoyo de la alcaldesa Mirtha Villalvazo. Se cerró el trazo de la carretera vieja con patrullas estatales y municipales, camionetas Suburban blancas, al parecer de Protección Civil sin placas; se pidió apoyo y “unos prestaron la maquinaria para de inmediato quitar el pavimento y entregar en la madrugada a Grupo NIA y a Carlos Gutiérrez, quienes ya no tendrían su polígono partido por la carretera”.
Además de Camarena, de su despacho hubo otros dos abogados, Daniel Cortés y “Max”, nombres también familiares en los relatos publicados por Benítez Pérez. Camarena le confiaría en al menos dos veces que nada era gratis y que todos llevarían ganancia con una condición: no decirle nada a los hijos del gobernador, “porque estaban bien locos”, y si le comentaba, el gober negaría todo. Por el operativo, Camarena repartió dinero. “Ese día también pernocté en Marival Armony. Yo me desconcerté y pensé que Camarena se estaba pasando de listo y que rápido iba a salir del equipo de trabajo cuando se enterara MANQ de los pagos que pedía por sus servicios”, escribió.
Otro encargo del gober fue ayudarle a Grupo Inbursa recuperar los predios Punta Raza I y II, que tenían años en litigio. Se armó una carpeta penal y otra querella por fraude a través del FIBBA y se hizo el operativo para asegurar el inmueble y entregarlo a Inbursa a través de Mota Engil. Daniel Cortés y Max, los abogados del despacho de Camarena “fungían como representantes de Inbursa y yo los veía que también trabajaban en el gobierno de Nayarit”. Camarena costeó gastos y habló otra vez de recursos económicos y de no platicar a lo hijos del gober. “Yo igual me quedé inconforme y con la duda si el Gobernador sabía del tema, y a partir de allí decidí desmarcarme de Gabriel Camarena y su equipo, pero ya la relación se tornó tensa…”.
Del caso de Punta Raza, “Después Héctor Cárdenas Curiel promueve un amparo y le concedieron la suspensión para la entrega de la posesión, nos regañó el Gobernador, y nos dijo que no podía quedar mal, por lo que fue cuando se gestionó la segunda denuncia y nuevamente se aseguró y se hizo entrega de la posesión a Inbursa a través de Mota Engil”.
La pandilla del gober, a mando de Camarena orquestó en Bahía de Banderas el mega operativo de Nuevo Nayarit. Los apoyó Ludmila Heredia Verdugo, la directora del FIBBA, que hizo el análisis jurídico, recopiló datos y presentó la denuncia. También se involucró la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, de la que se desprendieron otras carpetas y líneas de investigación que apuntaban al ex gobernador Ney González.
La licenciada Ludmila, además de “Delegada Fiduciaria” su ponía como testigo de los hechos expuestos y actuaba como auditora forense y concluía que no existían pagos de diversos inmuebles. Con esas bases se ordenaron los aseguramientos como medidas cautelares y de investigaciones penales. Los afectados interpusieron sus amparos “por los actos de molestia” y en el desahogo de las carpetas, se presentaron documentos, facturas, pagos y hasta informes de pagos que acreditaban pagos realizados, y pedían el levantamiento de aseguramientos. “De esto yo informaba en reuniones al Gobernador y Camarena en respuesta insistía en que no existían los pagos, que todo era falso, que no había entrado el dinero; por lo que se me indicaba en tono cada vez más fuerte que no se levantara ningún aseguramiento, ni se dieran pasos hacia atrás”, subraya Benítez Pérez.
El desaseo del mega operativo arrojó acusaciones penales contra el FIBBA y algunos empleados confesaron que Ludmila sabía de los pagos. Otros se dijeron amenazados y casi todos prefirieron renunciar. Los afectados alegaron que en la ilegalidad de los aseguramientos había el intento de ejecutar un despojo masivo vía extorsiones para negociar la entrega de las propiedades y evitar la cárcel.
Benítez calculaba un ingreso de entre 5 mil y 10 mil millones de pesos, considerando bienes ya asegurados y otros en proceso. “El licenciado Camarena le empezó a hablar de cantidades mucho mayores a recuperar, algo así como 100,000 millones de pesos, fue cuando empecé a escuchar del tema del Fondo Soberano”.
Lo del Fondo Soberano puede devenir en la mayor estafa en Nayarit. Las bases jurídicas están contenidas en la Ley de Fondo Soberano Nuevo Nayarit aprobada en marzo del 2023. El plan de rematar las propiedades recuperadas, ya era de entregarlas a un Fideicomiso, que sería el Fondo Soberano, el que entregaría rendimientos hasta cuatro veces superior a la cifra estimada. El plan aun es incierto, dado el esquema afectaría las pensiones de los trabajadores del estado.
En junio del año pasado, en una aeronave propiedad de Pedro Haces, Navarro Quintero y su grupo de abogados viajaron para reunirse en restaurante Negroni de Santa fe con Carlos Gutiérrez Andreassen y su socio. Gutiérrez. “Allí me di cuenta que Carlos Gutiérrez era la persona que estaba inspeccionando y valuando todos y cada uno de los bienes que según la ruta de Camarena podían ser incorporados al Fondo”. El gober quería los primeros 5 mil millones de pesos de rendimiento y Gutiérrez fue escéptico para cumplir con ese compromiso en agosto. El compromiso también era entregar al Fondo 800 hectáreas de Litibú. En buena medida, para hacer negocio rápido, se necesitaba invertir en urbanizar para mercadear los terrenos en playas Venados, Minitas, Lo de Marcos y El Playón. Y no había tiempo. En Nuevo Nayarit, donde están “los terrenos que mueven la aguja”, los despojados litigaban sus propiedades.
Allá en Santa Fe, anotó Rodrigo Benítez: “Al terminar la comida ya al despedirnos, se me acerca Carlos Gutiérrez y me pregunta mi opinión, a lo que yo quise dejarle claro que me deslindaba del tema del Fondo Soberano y de la expropiación, le dije ‘de eso yo no tengo conocimiento, eso solo Camarena, yo solo lo del tema de Fiscalía”’.
“La semana siguiente, el martes o miércoles, el Gobernador me cita a desayunar en Casa Nayarit, de inmediato se le notaba molesto y tenso, estaba Diana y Camarena, así como la Secretaria de Gobierno, y en tono muy agresivo y ya diferente el Gobernador me reclamó el comentario a Carlos Gutiérrez, que él todo le contaba y que era de su entera confianza, que no le interesaba saber que yo no compartiera las visiones de Gabriel Camarena, ‘óigalo bien, yo estoy con Gabriel Camarena hasta el final’, no me interesa saber su opinión, por eso traigo gente de la Ciudad de México porque aquí en el Estado no hay capacidad”.
Revolcadero
Rodrigo Benitez Pérez se exculpó de la pretendida expropiación de más de800 hectáreas a Bains, polígonos de tierra que se localizan entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita. Sostiene que no tuvo participación en la estrategia llevada por Camarena y su equipo. Le aseguró al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero que recuperar la propiedad no iba a requerir pagar indemnización y le cree a ciegas. El secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, nada convencido, promovió el recurso de expropiación EXP.SGG-PAE-001/2023. Personalmente el gobernador pidió el apoyo al Fiscal General de la República, Alejandro Herz Manero pues Gabriel Camarena le dijo que podían desprenderse delitos previstos en la Ley de Amparo en contra de los apoderados de Bains y de Héctor Cárdenas Curiel, los que interpusieron recursos conta el procedimiento de expropiación y lograron suspensiones. Esto puso en riesgo los plazos fatales jurados por Camarena para finiquitar el trámite y apropiarse de los terrenos. Afirma el magistrado desahuciado por el gober cora: “Aquí pues un tema más, en los que se acomoda la ley mediante el legislativo, se busca el apoyo de FGR para un objetivo en concreto, se hace poco análisis jurídico, y que Camarena convenció al Gobernador con una estrategia perversa, porque pretender una expropiación de tal magnitud en tiempo récord, y sin pago de la indemnización respectiva, solo puede entenderse si se utiliza la extorsión, las amenazas y recursos de esa naturaleza para lograr el objetivo.
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