CONTEXTOS
Del 23 de septiembre de 2016, cuando el alcalde Arturo Dávalos Peña y el síndico Jorge Quintero Alvarado promovieron la controversia constitucional reclamando al poder ejecutivo y legislativo municipalizar al Seapal, a este miércoles 14 de agosto, debieron transcurrir dos años y once meses.
Esa es la mejor noticia del día y de muchos años. Se dilató por las pretensiones del gobernador Enrique Alfaro quien desde Guadalajara ejerce un férreo control y ha permitido una grosera politización de nómina, recursos y programas en beneficio del diputado local, Luis Ernesto Munguía González.
Allá a principios de 2016 obtuvimos copia del abultado escrito que detalladamente redactó el abogado Francisco Vallejo Corona, el mismo que ahora despacha en la Secretaría General del gobierno municipal. La argumentación era sólida y no había mucho por discutir. Definir a quien corresponde proveer de agua a los vallartenses y otorgar el servicio del drenaje con altos estándares de calidad no fue de mucha discusión. Los magistrados titubearon por largo tiempo respecto a la capacidad del municipio para hacerse cargo de los servicios. El fallo a favor de cuatro de cinco magistrados, es prueba de la confianza depositada en los vallartenses y su autoridad para asumir la responsabilidad de manejar una empresa del tamaño del Seapal.
Allá en los primeros días de octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba preparada para resolver la reclamación del gobierno municipal al estado y al poder legislativo local. Alfaro Ramírez ya era gobernador electo y había empezado a maniobrar políticamente para dilatar el fallo. Aquel 10 de octubre pudo imponerse y posponer la decisión de los magistrados de la Segunda Sala del SCJN. En enero se repitió la misma presión difirió el fallo.
Arrancarle al gobierno del estado el control del Seapal no es cosa menor. Significa controlar un presupuesto anual casi a la mitad al presupuesto del gobierno municipal.
La municipalización del organismo operador del agua y el drenaje no pudo ser mejor oportuna ahora que el gobernador trasladó el control del Seapal al diputado Munguía y al exalcalde Ramón Guerrero Martínez. La nómina de ejecutivos de primero y segundo nivel, toda la plantilla de empleados de confianza está plagado de operadores y activistas dedicados de tiempo completo en el proyecto político de Luis Munguía.
Del manejo político en beneficio del dúo Mochilas-Munguía, ya mucha tinta se gastó. Es urgente extirpar criminales acciones de desviar recursos y programas para los fines políticos de la pandilla que se arrinconan en determinadas oficinas del edificio de la avenida Francisco Villa. Ya no vamos a distraernos en enunciar nombres de funcionarios de esa agencia de colocaciones.
Es apremiante desterrar a los políticos oportunistas con pretensiones punitivas de hacer uso de recursos públicos. Munguía tiene el afán patrimonialista de los aguamáticos. Si en serio quiere ayudar con agua a las familias necesitadas, que se compre su camión y vaya a repartir garrafones. Pero que le cuesta a él.
Al abrir el mes de julio pasado, Javier Rojas Gómez renunció a la dirección general de la todavía paraestatal. Causó cierto asombro pero en realidad no fue una decisión sorpresiva. Javier Rojas ya no pudo tolerar la incomodidad de dirigir una empresa controlada desde Guadalajara en donde él carecía de margen para tomar las decisiones. Permanecer ahí era ir en contra de sus principios, perder dignidad y avalar las distracciones de recursos en un proyecto político en el cual no estaba de acuerdo. Javier Rojas jamás estaba de acuerdo en los aguamáticos y fue en Guadalajara y no en su oficina donde se dio luz verde para las reaperturas, actos organizados para el lucimiento personal de Munguía.
Trasladar al dominio del municipio el Seapal, no deberá ser un cambio simple. La empresa tiene bases firmes y funciona como una maquinita bien aceitada, sin depender totalmente de las decisiones gerenciales, acertadas o erróneas. Sin embargo, no soportará saqueos prolongados ni que su nómina se plague de activistas aviadores, distraídos en proyectos ajenos a la empresa.
En principio, el exitoso reto tomado a iniciativa del alcalde Arturo Dávalos y el abogado, Paco Vallejo, impulsado en la etapa final por Maximiliano Cisneros Lomelí, representa la mejor noticia en muchos años para la ciudad. Allá por la década de los sesenta del siglo pasado, la responsabilidad de proveer agua entubada recaía en el gobierno federal a través de una Junta de gobierno. En 1977 se constituyó el sistema como tal, bajo la figura jurídica de un organismo descentralizado, y desde ese año hasta hoy el gobierno del estado se hizo cargo del servicio.
El alegato sostenido en las deliberaciones del gobierno estatal siempre fue exponer la duda respecto a si el municipio estaba preparado para asumir la responsabilidad de proveer el servicio que constitucionalmente le corresponde. El municipio ha sido firme en argumentar lo contrario. Ese es el reto preponderante, demostrar que los vallartenses pueden con el paquete y no importar directivos como el actual director, que hasta diciembre pasado trabajaba en la capital del país. Aquel escándalo de “la k” invertida, un error que costó 500 millones de pesos, lo hizo cambiar de rumbos.
Es prematuro aventurarnos en dar algún nombre de prospectos a director del organismo. Sabemos que si los hay pero la decisión tampoco se ha tomado. Al propio Javier Rojas no se le debe descartar. En el equipo de trabajo del alcalde, está Oscar Fernando Castellón Rodríguez, quien antes de ser nombrado director de Obras Públicas Municipales se desempeñó un tiempo como director del Seapal.
Lo procedente más inmediato es que la SCJN tendrá que notificar de su resolución al gobierno del Estado y será cumplido este trámite que se establezcan fechas y periodo de la entrega recepción.
El presidente municipal nos ha dicho que su propuesta no es complicada y abogará por un perfil técnico, que conozca muy bien las redes de agua y el drenaje de la ciudad. También nos confirmó lo que ya sabíamos, que será más adelante cuando se defina el nombre del futuro director. Nos han dado un tercer nombre, el de Juan José Arias Chávez. Es otro prospecto, y con Javier Rojas y Oscar Castellón, ya se hace una terna de tres profesionistas que encuadran en ese perfil dado por Dávalos.
REVOLCADERO
El video del día es sin duda alguna el videomensaje grabado por un grupo de individuos bien armados, embozados y vestidos con ropa a la usanza militar. En poco más de cuatro minutos un hombre lee un mensaje sentado al centro de los pistoleros. El de la voz se presenta como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el mencho”. Se dicen miembros del cartel y dueño de la plaza Jalisco. Da una lista de estados y ciudades en donde ellos no secuestran ni cometen delitos contra la sociedad y luego se enfoca en Jalisco. Proporciona dos nombres de personas, supuestos dueños de fincas en donde han hallado y liberado hombres levantados. Asocia a los apodados “el ceviche” y “el águila” con el gobernador Enrique Alfaro. Explica el hombre que habla que Alfaro hizo un trato con ellos “y no cumplió”. Se dirige al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para pedirle que investigue cuentas bancarias de Alfaro en Islas Caimán y en otro país paraíso fiscal. En resumen, acusa a Alfaro de aliarse con Martín “el águila” Coronel y Esteban “el ceviche” Rodríguez y conspirar en contra de su cartel para sacarlos de Jalisco. Aunque alguna vez fue moda, no es común que una persona, aun enmascarada, se presente en un video y haga semejantes señalamientos públicos.******Nos llama la atención que mientras unos festinan el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga, otras voces con mesura advierten condiciones para configurarse un caso de la primera presa política en la era de Andrés Manuel López Obrador. En principio, bien que se abra el combate a la corrupción y si hay elementos, como todo indica que si, se vaya hasta la cabeza. Es ahí en donde surge la duda. Es aceptada la versión de que nuestro santo Amlo negoció con Enrique Peña Nieto y pactó no tocarlo. Si los juzgadores hallaron pruebas para llevar a juicio y meter al bote a la Rosario Robles, si ésta ha dicho que puso al tanto a su jefe superior, a Peña Nieto, entonces deberá proceder ir también contra el ex presidente. ******* Por cierto, ayer fue visto por la zona rural el director del Seapal, Antonio Juárez Trueba. Nos dio la impresión de haberse dado a la tarea de visitar los expendios de agua en garrafón, los aguamáticos. En Las Palmas, él y sus ayudantes, bajaron de su camioneta, y sometieron a un breve interrogatorio a la persona encargada del aguamático. Los expendios de llenado de garrafones son generosos para cientos de familias vallartenses pero el diputado Luis Munguía los contaminó al hacerlos suyo y presentarlos como logro suyo. Si a César Abarca lo tacharon de sacar traja política con ese programa, Munguía le dijo “quítate que hay te voy”.
