CONTEXTOS
Aquellas “benditas redes sociales” como las llamó Andrés Manuel López Obrador, por creerlas su plataforma que lo catapultó directo al Palacio de Gobierno, reguladas por un Instituto Federal de Telecomunicaciones con decisiones colegiadas independientes el gobierno, autonomía que es hoy amenazada por la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al proponer transferir las facultades del IFT a la nueva Agencia de Transformación Digital y sepultar la independencia de las telecomunicaciones, entre estas las redes sociales.
En plena Semana de Pascua, se convocó a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión; de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, de absoluta mayoría de Morena, para aprobar el dictamen por el que se expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esa define las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en materia de comunicaciones y radiodifusión.
Lo que tiene forma de ser un madruguete, mereció agrios cuestionamientos y generaron advertencia y condenas unánimes de haber intenciones del gobierno federal de construir un engranaje legal que le permite controlar radio y redes sociales, pues en el caso de las últimas, la normativa ya aprobada en dichas comisiones otorga facultades a las autoridades para solicitar el bloqueo de cuentas individuales en plataformas digitales. Y considerando que será el gobierno quien ejerza el control de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y no un grupo colegiado autónomo, esas solicitudes se cumplirán sin chistar.
Al erigirse la agencia creada por la mayoría de legisladores de Morena en un regulador con dientes afilados para controlar las telecomunicaciones y sustituir al IFT, la iniciativa diseñada en el Palacio Nacional, las opiniones y decisiones técnicas y colegiadas de un pleno de siete consejeros autónomos pasarán a ser decisiones políticas y dependientes del gobierno. Las sesiones del EFT hasta hoy son o eran públicas y transparentes. La iniciativa aprobada en una primera instancia por los legisladores morenos, perfila a un regulador bajo control del Poder Ejecutivo.
Al abandonar el total aislamiento de esta última semana y retomar la comunicación, nos sorprendió algunos mensajes de algunos amigos y conocidos que nos hablaron para ofrecernos algunos pormenores de lo que empollaban los legisladores de Morena. Ignoramos que el asunto rebotó entre la influyente prensa local que se expresa en diversas plataformas digitales.
Hace poco más de una década que en Puerto Vallarta los periodistas iniciaron su éxodo de los medios impresos a la prensa digital. La prensa tradicional es casi como un bicho raro. Eche un poco de memoria y en la última década enlistará los impresos a Tribuna de la Bahía de Fernando González Corona, Mercurio de Juan de Dios de la Torre, El Guardián de Ernesto Rueda Flores, Policías y Ladrones, El Sol Siempre Libres, de Héctor García Lugo, y otros diarios que solían aparecer por temporadas, como uno dirigido por Juan Huerta Péres, el flamante dirigente estatal hoy de la CTM. Pues bien, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es a esta prensa a la que se amenaza.
A la prensa que a falta de espacios en las pocas empresas periodísticas de la zona metropolitana Puerto Vallarta-Bahía de Banderas y que como último recurso ha sido obligada a incursionar en los medios digitales, debería preocupar las tentaciones del régimen de la 4T de concentrar y controlar todo el espectro radioeléctrico, como bien advierte la organización civil Artículo19.
A la nueva agencia se le otorgarán atribuciones para emitir los lineamientos que regulen las telecomunicaciones y la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum incluye en uno de sus artículos, el polémico 109, armarle con dientes capaz de bloquear una plataforma digital y cuentas personales de las redes sociales”.
Para fortuna la andanada de críticas que se dejaron venir después de aprobarse el jueves en las comisiones ha hecho recular a la titular del Poder Ejecutivo y al cabo de su pronunciamiento en su mañanera de este viernes 25 de abril, en las siguientes horas del día, exhibieron su mansedumbre a Sheinbaum y pospusieron llevar el dictamen aprobado al pleno de este próximo martes, como era el plan.
El aplazamiento de la votación del dictamen de la nueva Ley, a decir de la mayoría morena es para evitar interpretaciones erróneas y dar tiempo a un periódico de consulta con el sector, especialistas y autoridades. Esa fue la petición de los opositores en la reunión de comisiones colegiadas el jueves pero pusieron oídos sordos y la aprobaron. Fue necesaria que esta mañana de viernes, la Presidenta Sheinbaum los conminó a revisar al menos el artículo 109 y eliminar cualquier rastro de censura.
La reculada vino después de un jueves negro y una mañana de viernes de condenas generalizadas que trascendieron más allá de las fronteras nacionales. “Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado Mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”, exhortó la oficina en México de la Comisión de derechos Humanos de la ONU.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Utilizamos diversas herramientas legales y de comunicación para hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objetivo de promover los derechos digitales en México. En particular, la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre.
La R3D alertó que la ley “Big Brother”, como ya empieza a conocerse, abre la posibilidad de afectar la libertad de expresión, pues se enfila a convertirse en dar forma a una Agencia Digital de Transformación para bloquear contenido de plataformas digitales.
La iniciativa prevé sancionar con multas que se tasan desde un 2% hasta el 5% de los ingresos de los concesionarios autorizados, programador o plataforma digital, que difunda propaganda extranjera y viole normas. Aquí radica la excusa perfecta en la que parecen ocultarse las aviesas intenciones del régimen de gobierno.
La iniciativa Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya discutida ya probada en comisiones faculta a la Agencia de Trasformación Digital a bloquear plataformas a solicitud de las autoridades competentes “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”. De acuerdo al contenido del artículo 109 se autorizará a dicha agencia restringir la libertad de expresión en Internet sin orden judicial que resuelva si un contenido es ilegal y justifique dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales es una medida extrema y se asemeja al cierre de una estación de radio y televisión, lo que al final pudiera equivaler a violentar disposiciones constitucionales y contravenir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En una fracción del artículo 8, se le otorga a la Agencia la facultad de “expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados de dicho servicio y será de observancia obligatoria”. La agencia deberá permitir a las autoridades consultar dicho registro de estará. Ya se ha advertido que esto es igual al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional desde 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También preocupe el artículo 161 que brinda la facultad a “las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional” para fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, “en cumplimiento de sus atribuciones”.
Sin embargo, nos llama la atención el contenido de los artículos 56 y 57 que permite al Estado convertirse en otro como operador comercial más del negocio digital. El gobierno federal puede obtener concesiones comerciales en el espectro radioeléctrico como cualquier emprendedor particular, aunque la misma lo limitirá a concesiones sin fines de lucro.
Lo anterior convertiría en juez y parte al gobierno, erigido al mismo tiempo en autoridad y por el otro lado en competencia, una posición francamente ventajosa, sin contraprestaciones, quizá sin obligaciones como las de una empresa privada. Así, el Estado pisoteará el principio de neutralidad a la competencia.
Revolcadero
Este jueves de Pascua, nos internamos a la ciudad cuando a distancia pudimos observar las escenas donde funcionarios estatales y municipales, el gobernador Pablo Lemus y el alcalde Luis Munguía en primera escena se codeaban unos a otros echándole ojo a los incipientes trabajos del nodo vial en el crucero de Las Juntas. Luego supimos que también hicieron un alto e el entronque de la autopista Jala-Puerto Vallarta, trabajos estos ya un poco más avanzados. En honor a la verdad, nos llamó la atención que Lemus y Munguía hagan equipo, sobre todo porque nuestro alcalde ha sido insistente en hablar de las magnas obras que poco a poco se materializan en la ciudad. Está el ejemplo del nuevo muelle metros más al norte del hotel Rosita, del que recordamos haber sido una promesa de campaña de Munguía y lo reiteró semanas atrás. Fueron jornadas intensas pues gober y alcalde también visitaron el sur del municipio y dieron luz verde que al muelle de Mismaloya y hasta anunciaron que este mismo viernes 25 de abril arrancarían los trabajos. Sin embargo, en el trascurso del viernes se informó que se posponía el inicio de los trabajos a que equiparán con más infraestructura portuarias en beneficio de los vallartenses ****** Nosotros tomamos nota de un comunicado de prensa que habla de la cordial relación de equipo que hacen Pablo Lemus y Luis Munguía. Dice el primer párrafo: “El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el trabajo del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, destacando su compromiso con la realización de obras que benefician a los habitantes y visitantes. Ejemplo de ello, fue la inauguración de la calle Francisco Murguía, en donde el gobernador Pablo Lemus, señaló que esta obra se suma a las que se están realizando en la ciudad para resolver el tema de movilidad”. Aquí elcalde Luis Munguía resaltó que esta obra marcará un antes y un después en la ciudad, ya que fue pensada para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos los que habitan y visitan Puerto Vallarta. La nueva vía de dos carriles permitirá velocidades de desplazamiento más altas y facilitará el tránsito de automóviles y camiones foráneos. Nosotros estamos de acuerdo pues ese atajo a un costado de la UNE y el Home Depot nos en la ruta a Ixtapa. La obra, que tuvo una inversión superior a los 18 millones de pesos, beneficiará a más de 56,800 ciudadanos que transitan por esta zona, permitiéndoles circular con mayor seguridad. Además, conectará la carretera 544 y cuenta con trabajos de instalación de luminarias, mobiliario urbano, jardinera, balizamiento, así como adecuaciones de instalaciones de red hidráulica y red sanitaria.
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