Por obras adicionales ilegales y por falta de permisos ambientales, emprende ía operativo amplio de inspección
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha llevado a cabo la clausura de tres desarrollos inmobiliarios en la franja del ecosistema costero de Puerto Vallarta, en un esfuerzo por salvaguardar la integridad ambiental de esta área. El operativo, que comenzó el 25 de febrero, fue una respuesta directa a las denuncias ciudadanas sobre la proliferación de proyectos que operan sin las debidas autorizaciones ambientales federales o que han excedido los límites establecidos en sus permisos. Esta intervención es parte de un compromiso más amplio para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en zonas sensibles.
De acuerdo a un comunicado de la dependencia federal, el primer desarrollo clausurado fue el proyecto Breeze Loft 185, el cual se enfrenta a una clausura total temporal debido a que carece de la autorización de impacto ambiental federal necesaria para operar. Durante la inspección, la Profepa detectó que la construcción avanzaba con la edificación de un sótano y un primer nivel del condominio, lo que pone de manifiesto la urgencia de actuar frente a este tipo de irregularidades. Sin las aprobaciones pertinentes, el desarrollo no solo infringe la ley, sino que también plantea riesgos significativos para el entorno costero.
En relación a otros dos proyectos, el Condominio Plurifamiliar Vertical Xalli y Marina Towers, se impuso una clausura parcial temporal. El primero, que cuenta con una autorización de impacto ambiental vigente desde mayo de 2006, violó los términos de su permiso al realizar obras no autorizadas. Por otro lado, Marina Towers, que obtuvo su autorización en mayo de 2007 para construir cuatro torres de 24 niveles cada una, también fue sancionada por la realización de obras adicionales a las inicialmente aprobadas. En este caso, solamente una de las torres ha sido construida hasta ahora.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora de la Profepa, subrayó la gravedad del desorden en el desarrollo inmobiliario, especialmente en ecosistemas costeros como el que rodea a Puerto Vallarta. “El desarrollo inmobiliario desordenado deja profundos impactos en las poblaciones costeras y en los ecosistemas marinos”, afirmó. Esto implica que los proyectos no regulados no solo afectan a la fauna y flora local, sino que también pueden tener repercusiones económicas para las comunidades que dependen del turismo y de los recursos naturales.
Además, Boy Tamborrell recalcó que la Procuraduría mantendrá un seguimiento constante en la zona para asegurar que se cumpla la normatividad y, en caso de ser necesario, la reparación de daños provocados por construcciones ilegales. Su postura firme indica que la protección del medio ambiente no será sacrificada en aras de la expansión urbana desmedida.
Las acciones recientes de la Profepa son un llamado a la conciencia sobre la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Este caso resalta la relevancia de las autorizaciones de impacto ambiental, que buscan precisamente evaluar y mitigar los efectos de las construcciones en áreas naturales. Las comunidades deben estar atentas y continuar denunciando cualquier irregularidad que puedan observar en sus entornos, ya que su participación es crucial para la protección del medio ambiente.
Se espera que esta clausura de los desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta marque un paso firme hacia la regulación del crecimiento urbano en zonas ecológicamente vulnerables. Las medidas adoptadas por la Profepa apuntan a conservar la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas costeros, además de enviar un mensaje sobre la importancia de actuar dentro del marco legal. Este es un momento crítico para reflexionar sobre cómo se gestionan los recursos y se planifican los proyectos en áreas sensibles.
