Este viernes el pleno del Cabildo habrá de ratificar la asignación realizada por los regidores integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; piden ediles ampliar planilla laboral
Luego de un proceso de convocatoria que duró poco más de 20 días, pero que tardó más de medio año su lanzamiento, este viernes fueron elegidos quienes serán los seis nuevos jueces municipales de Puerto Vallarta, toda vez que el pleno del Ayuntamiento ratifique esta tarde en sesión la asignación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Los elegidos: Ricardo Antonio Saucedo López, Blanca Esther Contreras Pelayo, Patricia Guadalupe Ibarría García, Sonia Crisosto Curiel, Katia Vargas Guillén y José Martín Barrera Rojas, todos ellos actuales trabajadores de este departamento.
En sesión de la comisión que preside la regidora Carmina Palacios Ibarra, se dio a conocer a los elegidos, cuya selección se dio con base en su experiencia, trayectoria y plan de trabajo propuesto previamente.
Los seis elegidos, serán presentados ante el pleno del Ayuntamiento para que éste ratifique o, en su defecto, rechace a los seleccionados.
Tras la convocatoria, nueve personas se registraron para la selección, de los cuales estaban los hoy seleccionados, así como Oscar Sánchez Guerra, Roberto Eduardo Bravo Hoy y Jonny Ángel Junior Acosta Gutiérrez.
Ampliar plantilla
Durante la sesión, los ediles integrantes de la comisión solicitaron a la presidenta plantear un punto de acuerdo durante la sesión de esta tarde de viernes para que en presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 se contemple la ampliación de la plantilla laboral del departamento de Jueces Municipales para pasar de 6 a 8 jueces.
La iniciativa fue votada y aprobada, por lo que de ser autorizada por el pleno, se lanzaría una nueva convocatoria para poder elegir a los dos nuevos jueces, pero ésto ya en el transcurso del próximo año.
Su función
A los jueces municipales les corresponde la impartición de la justicia administrativa municipal, teniendo como fundamento legal el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamiento de aplicación municipal, con excepción de las de carácter fiscal.
Para ello deberán, entre otros, resolver sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos
infractores; aplicar las sanciones que, para cada una de las infracciones, establecen los ordenamientos municipales; Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de las autoridades municipales; Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades, así como ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten.
