Las percepciones pagadas disminuyen alrededor de 1.8 millones de pesos, ajustes en áreas administrativas y de apoyo, sin afectar a operativos
El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta informó que avanza con la revisión de su estructura de personal y del gasto correspondiente al Capítulo 1000, con apego al presupuesto autorizado y a la normativa aplicable.
En cumplimiento del acuerdo de Ayuntamiento 0631/2026, se revisa que el ejercicio de los recursos destinados a servicios personales se mantenga dentro de los montos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento.
De acuerdo a un comunicado oficial, como resultado de este proceso, la nómina activa correspondiente a la primera quincena de septiembre registró 110 personas menos respecto de la quincena anterior. Asimismo, las percepciones pagadas fueron aproximadamente 1.8 millones de pesos menores en el mismo comparativo.
Se destaca que los ajustes realizados se han concentrado principalmente en áreas administrativas y de apoyo, procurando preservar al personal operativo responsable de prestar servicios directos a la ciudadanía.
Además, que enfatizan que la prioridad es mantener y fortalecer la operación del municipio. Durante 2026 se han realizado más de 100 incorporaciones para reforzar las áreas operativas encargadas de la prestación de servicios públicos, particularmente aquellas relacionadas con la limpieza y atención cotidiana de las colonias.
Este proceso de revisión no comenzó en septiembre. Antes de los movimientos realizados durante la última quincena de agosto se habían registrado 394 bajas durante 2026. A estas se sumaron 121 movimientos adicionales, por lo que al cierre de agosto se contabilizaron 515 bajas acumuladas en el año.
Estas cifras corresponden a movimientos administrativos de personal y forman parte del proceso permanente de revisión y ordenamiento de la estructura laboral del Gobierno Municipal.
Desde la Oficialía Mayor Administrativa y de Gestión Humana se continuará revisando e informando sobre la evolución de la nómina, bajo criterios de responsabilidad presupuestal, transparencia, continuidad de los servicios públicos y respeto a los derechos laborales.
