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José Fernando Ortega |

Magistrado que favorece construcción en Marina Vallarta ya ha sido señalado varias veces 

El magistrado Alberto Barba Gómez, presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quien concedió una suspensión para que las autoridades no puedan impedir la construcción de un desarrollo en un área verde de Marina Vallarta, ha sido señalado en varias ocasiones por presuntos actos de corrupción, sin embargo, como en otros muchos casos, el gobierno de Enrique Alfaro no ha cumplido con su compromiso de frenar la corrupción e impunidad.

Ayer le informamos de dicho caso, en el que de acuerdo al expediente VI-1866/2021, las autoridades locales por ahora están impedidas de actuar contra esa construcción que de acuerdo a la Asociación de Vecinos de Marina Vallarta es totalmente irregular.

De acuerdo a información recabada en diferentes medios, en agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda federal informó que tenía bajo la lupa a Alberto Barba, ya que se le identificaron operaciones en el sistema financiero que no correspondían con sus ingresos o que fueran provenientes de negocios lícitos. La sospecha fue que podría estar operando con recursos de procedencia ilícita o producto de actos de corrupción. Por esta razón le fueron congeladas cuentas bancarias mientras se llevaba a cabo la indagatoria. 

En 2015, el magistrado Barba Gómez avaló la construcción, mediante afirmativa ficta, de 17 proyectos inmobiliarios irregulares, pero también aprobó la operación de 20 gasolineras con sendas suspensiones en Guadalajara y siete en Zapopan. Se le acusó de autorizar la edificación de un inmueble en Zapopan, “no permitido por la ley”, incurriendo en una conducta ilegal; así como la construcción de edificios en lugar prohibido por la ley, en el área de Los Colomos.

También es autor de la sentencia que condenó al Ayuntamiento tapatío a la autorización de 26 anuncios sobre puentes peatonales. 

En la pasada Legislatura estatal fue presentada una denuncia de juicio político en contra de dicho magistrado, pero la resolución de la Comisión de Responsabilidades de destituirlo de su cargo se suspendió debido a ocho amparos que interpuso en diferentes etapas de sus procesos, de los cuales dos están sobreseídos y el resto seguían «vivos» o vigentes.

En 2017, el gobierno de Zapopan presentó una denuncia penal en contra de Barba Gómez por un caso muy similar al que hoy ocurre en Puerto Vallarta, pues una resolución suya obligó al municipio a dar una licencia de edificación de departamentos en Jardines Universidad, esto favoreció a un particular que promovió el juicio ni siquiera haber realizado el trámite.

Lamentablemente el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, el órgano del Sistema Estatal Anticorrupción que está a cargo de imponer las sanciones en los casos graves de corrupción, hasta fines del año pasado apenas había emitido cuatro sentencias, una de ellas condenatoria, según registros oficiales.

En su momento, el gobierno del estado anunció el compromiso de frenar la corrupción e impunidad que se presenta en el Poder Judicial de Jalisco, en 2019 se anunció que el gobernador encabezaría las mesas de trabajo a nivel nacional para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Prometió que documentaría los casos de la “mafia” que opera en Jalisco, pero no hay avances, sólo reparto de puestos.

Sobre el Supremo Tribunal de Justicia, entre 2016 y 2021 no se ha emitido ninguna destitución contra magistrados. Sólo se resolvió una amonestación verbal contra una funcionaria.


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