CONTEXTOS
La sospecha de una malversación de fondos municipales atribuibles a funcionarios de la administración anterior tomó forma mucho antes de que Luis Ernesto Munguía González y su equipo de allegados tomarán la estafeta. A través de impensables nuevos aliados desprendidos del gobierno morenista fluyó comprometedoras evidencias ya corroborada y se ordenó un abultado paquete de documentación depositada en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
La Contraloría Municipal realizó el rastreo de evidencias y reunió pruebas que permite presumir el millonario desvío y coordinó esfuerzos con todas las dependencias. Apenas el 9 de noviembre se nombró al titular de dicho órgano a René Alonso Madero Chávez y antes, despachó como encargado, Roberto González Gutiérrez.
No se ha identificado bien a bien la cuantía del monto en perjuicio de las arcas municipales pero quienes esta enterados del caso estiman en que puede fácilmente superar el centenar de millones de pesos. Corresponderá a los peritos auditores del órgano estatal determinar faltante de dinero, si ha sido justificado y se subsanaron las presuntas irregularidades. Si esto no ocurrió se activarán carpetas judiciales, las que pudieran considerar como probables responsables los ex alcaldes, Luis Alberto Michel Rodríguez y Francisco José Martínez Gil.
Cuando a finales del año interior y principios de este 2024 se consumó la fractura en el equipo gobernante, el gran ganador fue Luis Munguía y partido el PVEM. Casi el total de los regidores abrasaron la causa verde y el éxodo de dos o tres decenas de funcionarios de todos los noveles debilitó la candidatura de doña Chuyita López Delgado. Ya al final de la campaña electoral, desde fuera se podía palpar que Munguía tenía amarrado el triunfo y esto alentó el peregrinar de morenos que efusivos votaron por todos los candidatos del PVEM y aplaudieron el triunfo de Munguía.
Munguía no solo ganó las simpatías de quienes le dieron la espalda a los Michel y a Morena. Quienes llegaron a él le entregaron valiosa información y en buena medida le facilitó documentar un posible desfalco contra el municipio.
Una de las prácticas que trascendieron en los días previo a la campaña, en el transcurso de la misma, y de junio a septiembre, consumada la derrota del partido gobernante, fue la “ordeña” de combustible. Cualquier empleado de dependencias con mayor parque vehicular, como Servicios Públicos y Seguridad Pública, podía surtir de información. Un mínimo del combustible facturado se consumía en horarios de servicios y el resto se destinaba al lucrativo negocio del “huachicol”.
La ordeña del combustible para proveer el mercado del huachicol en realidad es una práctica añeja y aun cuando ha habido intentos por erradicarlo, al final de la administración Michel-Pepe Martínez se recrudeció.
Sin embargo, las huellas seguidas por auditores y abogados del llamado “gobierno del renacer” tomaron forma de un ramaje que va a todos lados. Creen que quienes acompañaron hasta el final a Pepe Martínez se sirvieron con la cuchara grande y el sello de la defraudación manchó casi todas las áreas de gobierno.
Se puede establecer que las pesquisas apenas se iniciaron al depositar en la ASEJ un legajo de documentación de las cuales pudiera desprenderse responsabilidades y responsables.
El modus operandi no ha sido complejo, según se pudo observar al concluir el proceso de la entrega-recepción. Si bien, existe soportes para comprobar erogaciones, lo que lleva a conjeturar la existencia de operaciones simuladas en detrimento de las finanzas del municipio. Creen que la pieza adquirida realmente no se entregó o el servicio pagado no se prestó. La mirada está puesta en los funcionarios que firmaron para autorizar la documentación que sustenta dichos pagos.
Sabemos que Luis Munguía ha dado luz verde a su equipo de auditores, al personal de la contraloría, Tesorería y al equipo jurídico. Por lo demás, es congruente con el discurso de ir contra la corrupción en el gobierno municipal en toda la campaña electoral.
Recordemos que muy al principio de la gestión del profe Luis Michel, Munguía se erigió en un formidable regidor crítico de Michel y de su gobierno, oposición que le redituó los primeros bonos de popularidad ciudadana. Al final de la administración, ya se le había unido la regidora Carla Esparza Quintero y el síndico Juan Carlos Hernández Salazar. Christian Eduardo Alonso Robles, Claudia Alejandra Íñiguez Rivera y Eva Griselda González Castellanos, también se fueron con Munguía. El “regidor chato”, José Rodríguez González, fue uno de los primeros señalados por Munguía de haber facturado decenas de millones de pesos a un negocio atribuido como propiedad suya y también acabó por declararse verde.
Entonces, si bien algunos convertidos habían sido señalados de ser beneficiarios de cuestionables prácticas en la era Michel, después de que una purga interna los sacó de los negocios, quedaron atrapados en el Síndrome de Estocolmo.
Desechamos siquiera la presunción de que en el radar del “gobierno del renacer verde” se incluya evidencias que apunten a responsabilidades de quienes fueron sus aliados coyunturales en la campaña. Una cosa serían las ganas de enjuiciarlos y otra que varios de esos regidores se hayan decepcionado de los verdes al no ser considerados por Munguía para nombramientos estelares.
En la retórica de la elite de Morena se asume que el voto popular les avala hacer y deshacer. Si Munguía se apega a esa doctrina de la 4T pudiera alegar que el enorme apoyo de los vallartenses en las urnas le ha dado luz verde para fincar juicios penales, administrativos o políticos y encarcelar a funcionarios deshonestos.
A Munguía se le abre una oportunidad preciosa para mostrarse ante los suyo como un presidente municipal dispuesto y voluntarioso de hacer justicia contra quienes se han apoderado indebidamente de los pesos del pueblo. Solo yendo hasta donde tope, como les gusta expresarse a los paladines de la justicia, va a convencer a los escépticos que aun dudan de él.
Revolcadero
Fechado el miércoles 11 de diciembre, el área de prensa del gobierno municipal emitió el comunicado 210, titulado “Presentaría Ayuntamiento denuncias contra la administración anterior”. Tratándose de un reporte oficial no hay necesidad de caer en el campo de las especulaciones y menos de jugar con los verbos ni tampoco de jugar a las ambigüedades. En un sumario, se intenta ser más certero: “El alcalde Luis Munguía dejó en claro que no hay revancha con la administración saliente pero llevarán el proceso de entrega-recepción hasta las última consecuencias”. Se lee en el cuerpo de la nota: “Tras la firma del acta general de entrega-recepción, el alcalde Luis Munguía, hizo el llamado a la Fiscalía Anticorrupción y a la del Estado para que atiendan las denuncias que presente el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por las posibles irregularidades que se hayan detectado de la administración saliente. Y es que esta administración ha sido la única que ha realizado el proceso tal cual para una entrega-recepción y llevarlo hasta las últimas consecuencias. En este sentido, el alcalde Luis Munguía, resaltó que las autoridades serán las que encargadas de impartir la justicia ante malos manejos o situaciones irregulares que se hayan detectado de la administración pasada. “No hay nada personal, todo es cuidando la legalidad, la normativa municipal, nuestros propios recursos y bueno, nosotros también no cargar responsabilidad sobre cuestiones que así se nos heredaron”, expresó Munguía.******* En menos de una semana la empresaria Yésica Zatarain González le dio media vuelta al país. El jueves 5 de la semana pasada pasó lista en la Convención Nacional de su nuevo partido, el Movimiento Ciudadano y saludó el arribo a la dirigencia de Jorge Álvarez Máynez, quien sustituyó a su fundador Dante Delgado Rannauro. Al siguiente día, el viernes, hiso notar su presencia en la protesta y juramento del nuevo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Ya el lunes de regreso a Puerto Vallarta se posicionó de la oficina de la dirección del edificio de oficinas estatales, llamado “la Unirse”. Entrada la noche, personalmente se encargó de hacer público su encargo de estreno de servidora. “Es un honor asumir esta responsabilidad para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones, trabajando de la mano para que los servicios y apoyos lleguen de manera más eficiente a quienes más lo necesitan. Mi compromiso es total con Puerto Vallarta y nuestro querido Distrito 5. Juntos seguiremos construyendo un Jalisco más fuerte, humano y próspero.
Gracias a mi equipo y a todas las personas que me han acompañado en este camino. Este logro no es solo mío, es de todas y todos los que creen en un futuro mejor”. Reafirmamos que la dama tiene estampa de ser y parecer una fulgurante estrella de la política.******* Desconectado de la ciudad, el desparpajado diputado federal de Morena, Bruno Blancas Mercado soltó una frase de alta de burla, rayando en el cinismo que mancha su investidura de legislador. “Ni modo que se vayan al Polo Norte”, le respondió a la industria naviera que advierten del riesgo de sacar de sus rutas de cruceros a los puertos mexicanos si el gobierno impone el cobro de los 42 dólares por pasajero. Si las grandes firmas navieras abandonan los puertos mexicanos, y Puerto Vallarta es uno de los más importantes, sería un golpe duro para la economía local. Bruno Blancas se burló de la demanda de los cruceristas. Pero también hizo una afirmación que exhibe si desfachatez, al afirmar que el impuesto ya existía y que por la pandemia se había exentado. Es una verdad a medias. Lo cierto es que la iniciativa impulsada por la maquinaria de Morena tiene una alta carga recaudatoria. En efecto, la iniciativa original de la Ley Federal de Derechos para 2025 consideró un incremento del 20 por ciento al Derecho de No Residente (DNR) y elevarlo a 42 dólares. El pago si existía para los visitantes extranjeros al ingresa a México, pero no es aplicable para los turistas que por algunas horas bajan a comprar en los puertos. El planteamiento hacendario incluyó obligar a los cruceristas pagar los 43 dólares. Los legisladores de Morena sostienen que se trata de un ajuste, que sí se cobra. Lo que hay es que en los puertos de Quintana Roo, donde se hallan Cozumel y Cancún, los cruceristas aceptaron, y de mala gana, pagar este año 5 dólares. Hay una diferencia entre pagar 5 dólares, a pagar 43 dólares. La industria mantiene el amago de retirarse de los muelles del país, una amenaza que ya han hecho años atrás. Bien haría Bruno Blancas en no callar las pretensiones de destinar dos terceras partes de los ingresos del DNR a un Fideicomiso turístico administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra tercera parte, asignarse al gasto discrecional de la Tesorería de la Federación. Es decir, esos 43 dólares de ingresos, del puerto local se irán al Tren Maya, a la refinadora Dos Bocas, al Tren Transístmico, al Aifa. Con un poco de suerte y nos pudieran regresar algunos pesitos a la 41 Zona Militar.
Los artículos de opinión e información son responsabilidad del autor y no reflejan la línea editorial de contralínea.net
