CONTEXTOS
En octubre de 2022, en el XVI Congreso Anual de juezas y jueces del Estado, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fany Lorena Jiménez Aguirre recibió apoteósico aplauso concluida su ponencia, como el presidente de la Asociación de Jueces y Juezas, Luis Albino Reyes.
Reconocimientos en el mismo tono le rindieron cuando en m enero del año pasados rindió su informe al frente de dicho tribunal. Y un año después, la magistrada acusa a sus congéneres magistrados de acoso, despidos injustificados en esa corte que preside y de ejercer violencia de género en su contra.
Diríamos que la presidenta del Tribunal administrativo es víctima de algo que por años se engendró en los tribunales que constituyen el poder judicial en la entidad. Es un fenómeno de la que nadie escapa, la política reservada en apariencia al Poder Ejecutivo que, aunque de presencia silenciosa, siempre presente en los asuntos judiciales en cualquier entidad.
Preguntamos una obviedad, de si se observa la mano metida de algunos actores políticos que por años influyen en las designaciones de jueces y magistrados. Un amigo abogado que se jacta de conocer las entrañas de los impartidores de justicia: Ya reventó Alfaro y “el chino López” con sus magistrados y en contra de la magistrada Fani Lorena. Quieren el control porque ya se van, para que les limpien las cuentas públicas”.
Es una pregunta obvia porque tanto acá en Puerto Vallarta como en la Zona Metropolitano de Guadalajara es de dominio popular el eterno sometimiento que el Poder Ejecutivo del Estado ejerce sobre el Judicial. No es distinto a las escaramuzas que desde el Palacio Nacional multiplica, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Amlo intenta apoderarse del Poder Judicial. Sabe perfectamente del control detentado por sus adversarios o enemigos, panistas y priistas.
Esa obviedad bien la encarna el coordinador de la fracción de legisladores de Morena en el Congreso local, Josemaría Martínez Martínez. En sus tiempos de político militante del PAN, desde hace por lo menos unos 15 años, el diputado Chema Martínez ha metido mano en los nombramientos de jueces y magistrados en la entidad. Es la cabeza de un grupo político que vivió dentro del PAN, el mismo que ya en Morena empoderó a Yussara Canales y la hizo candidata y luego diputada por el 5 Distrito electoral. Ahora mismo intentan imponerla como candidata a la alcaldía de Morena y el propio Chema, luego de fracasar en su intento de candidato a gobernador, reorientó sus aspiraciones a la alcaldía de Guadalajara.
Que Amlo desde su mañanera atice lumbre contra la presidente de la SCJN Norma Lucía Piña Hernández y que acá desde oficinas del gobierno de Jalisco se dispare fuego contra la magistrada presidenta del Tribunal, que ambas sean mujeres, es mera coincidencia. Concurre en efecto las pretensiones de los titulares ejecutivos por hacerse de los controles de los más altos órganos impartidores de justicia.
Mientras estábamos en una breve estadía en Guadalajara, supimos el jueves de la denuncia que hacía pública, la magistrada, Jiménez Aguirre. Dirigió un manifiesto al presidente de la república, López Obrador, al Senado de la República, al Congreso de la Unión. Omitió con malicia copia al gobierno y gobernador de Jalisco y también al Congreso del Estado. Las razones son de sobra sabidas.
Como presidenta del Tribunal en mención y de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa y miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y miembro también de la Asociación de Mujeres Juezas y Magistradas, se asume como víctima de violencia política de género, solicita audiencias y demanda intervengan contra “los atropellos” a ella.
En un tono que se inserta en lo político, cita haber sobrevivido al cáncer, pero “ahora estoy enfrentando al otro cáncer, que aún no termina en nuestro Estado de Jalisco, el cáncer de la violencia contra la mujer, el cáncer de la corrupción que impera nuestro estado”.
La magistrada presentó denuncia en la Fiscalía Anti corrupción, la Fiscalía del Estado y en instancias federales y queja para hacerse escuchar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Relata que desde el pasado mes de octubre se dejó ejercer una presión sobre ella justo cuando estaba por ser ratificada en el cargo. Enteró al Congreso estatal pero eludió intervenir y pronunciarse.
Luego, en una sesión ordinaria el magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, sin argumentos legales, pidió remover a todos los empleados nombrados por ella. Ella se amparó y le otorgan la suspensión definitiva que le permite mantenerse en el cargo hasta que la justicia federal determine en sentencia quien tiene la razón jurídica.
Vinieron entonces los despidos injustificados. A cambio, dio que le “sembraron” nuevo personal, todos sin perfil, sin experiencia y sin capacidad área desempeñarse sus responsabilidades.
Acusa que todo, y su ratificación misma, obedece a temas políticos, pues hubo acuerdos entre las fuerzas políticas al interior del Congreso, acuerdos encabezados por los legisladores del Movimiento Ciudadano. El acuerdo fue detener su ratificación. De los oscuros acuerdos, los legisladores se desprendió abrir un proceso para sustituirla del cargo y contra este acuerdo se dio el amparo ahora mismo en curso.
La magistrada orea lo que desde hace muchos años se sabe. Las principales fuerzas políticas del estado representadas en el Congreso se juntan, se ponen de acuerdo y se reparten de sin pudor alguno cada plaza en el Poder Judicial. Cada juez, magistrado, se palomean antes de pasar por los simulados exámenes.
Desde sus tiempos en el PAN. El Chema Martínez ha sido un puntual jugador en estas rondas decisivas que han redondeado las cortes y sus magistrados de la entidad.
La magistrada Fany Lorena, no parece haberse granjeado el respaldo del diputado Chema pues este no ha salido a defenderla. En todo caso, al preferir conservas relaciones y lealtades con algunos actores del PAN, del caso de la diputada Claudia Murguía Torres, advertido un grado de menosprecio, no hay garantías de obtener audiencia en el Palacio Nacional. Si logra una mención en la mañanera, será ganancia.
Revolcadero
La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fany Lorena Jiménez Aguirre no se guardó nombres de señalados y acusados. En su escrito público hace mención de los siguientes integrantes de la Junta de Administración del citado órgano que ejercen presión para obligarla a renunciar el cargo: Magistrado Avelino Bravo Cacho, Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez y el Magistrado, Horacio León Hernández. Ellos orquestaron las maniobras para destituir a todo empleado que consideraron allegado a ella o por haber sido nombrados por ella. Semejante acción afectó empleados con antigüedad superior a 25 años. Y de todos sus dichos afirma tener evidencias.******* El jueves, el portal especializado en beisbol de la capital cora, Recta por el Centro, informó el jueves que la promesa del beisbol vallartense, Nomar Jiménez Pérez estampó su forma y ya pertenece a la organización de los Reales, o Royals, de Kansas City, y se enfila a ser el primer beisbolista nativo en hacer carrera en el beisbol del llamado Gran Circo. De hecho, es el primer beisbolista local. En firmar para un equipo de la Major League Baseball. Vimos su desempeño en dos juegos de la Liga Nayarit y se le ve futuro pero eso no es suficiente para llegar a la Gran Carpa. El juvenil pelotero es nieto de quien fue manager de Los Delfines, Joel “el chino” Pérez, aquel “novato del año” de la Liga Mexicana de verano en su primer año con Los Alacranes de Durango.*******Esta semana se dio una buena noticia. Puerto Vallarta fue ubicado como el segundo municipio donde sus habitantes tienen una percepción de seguridad. La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México es quien la hace sombra que si no, nuestro destino sería el número uno en la seguridad pública de sus calles y dentro de sus propiedades o edificios públicos y privados. Aquí, apenas el 19.4 por ciento tiene una percepción de inseguridad, pero el número uno, el 15.2 dicen sentirse seguros. La blanca Mérida, completa el top 3. Reparamos en el caso de la capitalina alcaldía Benito Juárez porque es ahí justo el feudo donde gobernó el panista Santiago Taboada, el abanderado de Fuerza y Corazón por México al gobierno de la CDMX. Así que noles extrañe que en “la mañanera” se descalifica otra vez la Encuesta de seguridad Pública Urbana, trabajo levantado por personal del INEGI. Habrá más ataques para los órganos autónomos de gobierno.
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