CONTEXTOS
A los 8 meses de su gestión, Rafael Cervantes Padilla celebró el contrato de Asociación Pública Privada con la empresa Grupo Minero Imex S.A. de C.V. y asumió la obligación de aportar el terreno y ahí construir el edificio administrativo del municipio de Bahía de Banderas. Además, de esa fecha hasta por los siguientes 25 años, el gobierno municipal pagaría una renta mensual de 1 millón 385 mil 500 pesos, un estimado final de 520 millones de pesos.
El alcalde Jaime Cuevas Tello en una segunda gestión reunió ayer a su gabinete municipal y al pleno de sus regidores, para dar pormenores a periodistas de un tortuoso, accidentado y largo proceso jurídico que ha concluido con la condena de un Tribunal Colegiado en favor de los inversionistas. El nuevo fallo, se pronuncia por separar al alcalde de Bahía de Banderas, al síndico, al tesorero, al secretario general del Ayuntamiento por incumplir un antiguo resolutivo. Propone trasladar la decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El asunto de “la presidencia de cartón” de Bahía de Banderas, edificio por cierto en completo abandono a media parcela en las inmediaciones de Valle de Banderas, es una trama iniciada en los primeras semanas de la gestión de Rafael Cervantes Padilla. El que sería su sucesor inmediato, su cuñado José Gómez Pérez se estrenaba como director de Desarrollo Social y a él se le identifica como el autor de la iniciativa de construir un edificio para concentrar el total de las dependencias.
Después de ocho años se detectó extravíos y desapariciones de expedientes, de licitaciones públicas, de otros documentos vinculados al asunto. Las constancias disponibles, citan el 13 de diciembre de 2011 como el día oficial que marca, dio vida al conflicto. En esa fecha se presentó a los regidores proyecto y propuesta para celebrar un contrato APP y materializar la construcción de un edificio digno para el próspero, Bahía de Banderas.
La propuesta fue sencilla: bajo la figura del Contrato APP, se obtendría financiamiento privado por 120 millones de pesos para construir el edificio administrativo. Los inversionistas recuperarían la inversión con el pago de una renta por un periodo de 25 años y al final, el edificio pasaría al dominio pleno del Ayuntamiento.
Entre diciembre del 2011 y el 30 de abril de 2014, cuando se celebró el convenio con Grupo Imex, ocurrieron extraños incidentes, se realizaron licitación “por invitación” y se firmaron y se desconocieron licitaciones y algunos contratos. Son condiciones que permiten por lo menos presumir un grosero y mal intencionado manoseo. A la fecha, han metido mano funcionarios municipales en la gestión de Rafael Cervantes Padilla, el cuñado de éste, José Gómez Pérez, e inclusive, del actual munícipe, Jaime Cuevas Tello.
En los primeros años del telenovelón, se torció la esencia de la asociación pública privada que permite acceso a recursos privados que a la larga es de conveniencia para el socio público, en este caso el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Es lo más parecido a un contrato de sociedad, en donde un socio aporta el terreno y otro el dinero, este cobra una renta por un periodo razonable y acaba por ceder el bien material al patrimonio público.
Se le atribuye responsabilidad a Jaime Cuevas, de menos por la indolencia; en su afán de eludir responsabilidad frente al problema, sobre todo al asumir conductas que desafían a los fallos de la autoridad judicial, rehuyó por dos años entrarle a negociar una solución.
Quienes conocen a José Gómez, nos presumen que su enriquecimiento lo fraguó en el aire apenas su cuñado Rafa Cervantes tomó las riendas del gobierno municipal en la tercera semana de septiembre del 2011. Había antes probado con otros alcaldes pero le restringieron el acceso a los grandes negocios. A él le atribuyen haber concebido la idea de construir el edificio administrativo e incluir el anzuelo de expedir permiso para construir una especie de centro comercial para hacer atractivo el proyecto. Él bloqueó los permisos para construir locales comerciales.
Para el 31 mayo de 2012, se convocó al primer concurso para construir el edificio y se adjudicó a una empresa que pareció constituirse exprofeso y ni siquiera tenía Registro Federal de Contribuyentes. Era Badeba Promotora de Inversión S.A. de C.V. Existió un contrato, con fecha del 25 de julio, pero carecía de legalidad al no contener firmas del síndico y del secretario general del Ayuntamiento. La licitación la ganan dos empresas, Operadora Audaz de la que son socio los hermanos Diego y Carlos Valenzuela Cadena, e Invex Infraestructura S.A. de C.V.
Pero ya en mayo de 2013 se vuelve a licitar el mismo contrato para la misma obra y el 31 de junio se celebra un contrato donde destaca el costo de 118 mdp. El expediente no se halló aunque hay datos de haberse adjudicado a la empresa Administración de Recursos ALS. En abril se canceló por incumplimiento el contrato pero sin haber un proceso administrativo.
Así se llegó al 7 de abril de 2014. Se invitan a tres empresas y se adjudicó al Grupo Minero Imex. Sin embargo, en los archivos no se halló el expediente de dicho concurso y el último día de ese mes, el alcalde en ese entonces, Rafael Cervantes firma el nuevo contrato.
Es este documento, el contrato del 30 de abril de 2014, el documento que José Gómez, apenas llegó a la alcaldía, desconoció, dejó de cumplir con el pago de la renta mensual combatió en los tribunales durante sus tres años de gestión y que al final, perdió como alcalde la batalla judicial y tiene en jaque al actual gobierno, el de Jaime Cuevas.
Por sus actuaciones, poses y decisiones, antes y después de ser alcalde, José Gómez siempre arrastró con él el halo de la sospecha. Desconoció un contrato que de alguna forma él mismo alentó a darle forma y firmarlo a su cuñado (ya fallecido) Rafael Cervantes. Propuso desalojar el edificio alegando incumplir los estándares en su construcción y representar riesgos para su habitabilidad. Dispuso no pagar la renta y fue en ese momento cayó en incumplimiento de sus obligaciones signadas en el contrato. En algún momento buscó financiamiento privado para obligar a renegociar el contrato y finiquitar a Imex ofreciendo 50 millones de pesos. Alegó que la baja calidad de los materiales de la construcción daba para ese costo.
Jaime Cuevas Tello está a una semana de cumplir sus primeros dos años de su segunda gestión al frente de la administración municipal. No es la primera vez que un tribunal judicial emplaza a su gobierno. En enero del año pasado y con tres meses al frente del gobierno, se dictó el fallo sentenciando a pagar 91 millones de pesos. Año y medio después, ya en mayo de este año, se reconfirmó la resolución. Pero la sentencia del monto a pagar ya se había elevado a 139 millones de pesos.
Es la sentencia de mayo pasado la que amenaza con ahogar a Jaime Cuevas, motivo y razón que lo en un virtual jaque mate, la definición popular del fallo del Tribunal Colegiado ha puesto el destino de la autoridad de Bahía de Banderas en la decisión de los magistrados del SCJN.
Cuando en mayo fue emplazado Jaime Cuevas a pagar la deuda reaccionó convocando a una sesión extraordinaria de su Cabildo para informar algunos detalles. En eso se quedó y desafió a la autoridad judicial con el desacato al mandato.
Hoy, se ha decidido enviar el expediente al más alto nivel judicial y propone separar al alcalde y a sus funcionarios de sus cargos incluyendo. Y como en mayo, repitió lo mismo, reunió a sus subordinados, a los regidores, llamó a la prensa y refritió la historia de “la presidencia de cartón”.
Encima de Cuevas Tello está la soga del jaque, no la del mate. Tiene tiempo para dar solución a un problema que por institucionalidad está obligado a enfrentar. Es su obligación y responsabilidad por su encargo constitucional y no debe eludir. Nadie lo obligó aceptar, primero a apuntarse a ser candidato y luego a ser presidente municipal. No puede alegar tampoco desconocer el conflicto legal. Eso sí, el tiempo se le agota.
Revolcadero
Hasta cierto punto extrañado, el comandante en jefe de Protección Civil y Bomberos del municipio, Adrián Bobadilla García, lo saludamos y nos comentó desconocer la historia de que el hotel Crow Plaza negó asumir responsabilidad en el auxilio a personas lesionadas en uno de los salones el sábado pasado. Esa noche se celebró una fiesta por la boda una pareja de Guanajuato y cuando la fiesta estaba en grande, se desprendieron piezas del techo causando lesiones de una docena de asistentes. En los momentos de recibir el reporte y brindaron las atenciones, fueron ejecutivos del hotel los que indicaron trasladar a los heridos al Hospital CMQ Premier. La disposición llevó la implícita responsabilidad de cubrir costos por la atención médica. “Desconozco si después hubo algún cambio en la decisión del hotel”, nos dijo el comandante “semáforo”.****** Como que el chamuco anda suelto en la ciudad. Tomamos nota del accidente ocurrido en Mojoneras al amigo Raúl Padilla, un antiguo colaborador del diario Vallarta Opina. “El milusos” es para el diario de Luis Reyes Brambila una maquinita de trabajo, siempre dispuesto a todo, al reparto y entrega de ejemplares, pagos y cobros por hacer, y cualquier orden y era capaz hasta de sacar pluma y papel para anotar datos de algún incidente de interés periodístico. Se daba tiempo para hacer deporte, especialmente para el futbol soccer. No le llevamos tiempo medido pero ya raya las tres décadas. Pasada la media noche del martes, llegó a su domicilio en Mojoneras, abrió la puerta de su casa, encendió la luz y de inmediato fuego y una explosión. El 90 por ciento de su cuerpo se quemó. Sus amigos y compañeros de trabajo reportaron que ya fue llevado a Guadalajara pero el pronóstico médico no es optimista. Está grave. Padilla es fuerte. Ojalá y la salve.******* Ya presentaron el Presupuesto de Egresos de la federación. Hay muchas pellizcaditas al ya de por si sangrado gasto para el 2020. Se suponía que se iban a reponer aquellos 650 pesos que le arrebataron a las colonias de Puerto Vallarta en este año para gastarlo en la Línea 3 del metro tapatío. Por lo menos eso nos dijeron. Pero, como a la Sedatu le quitan 7 mil 815 millones de pesos, pues de dónde. Y como a otros destinos turísticos, ni siquiera podemos aspirar a recursos federales para alguna promoción porque a la Sectur la asigna tres mil 751 millones menos del presupuesto del 2019. Es decir, le pellizcan el 42 % al presupuesto de por si castigado en este año. A la agricultura, a la Sader pues, es a quien más dinero le quita Don Santo Amlo. Había prometido en sus días de campaña que impulsaría al campo, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, cafeticultores, pero le quita casi 20 mil millones de pesos. El presupuesto propuesto por el gobierno federal para la agricultura y el desarrollo rural es 28.31 % menos. Pero también castigan obras de carreteras y calles pues ahí le rascan 12 mil 180 millones de pesos. Total, en el discurso Andrés Manuel López Obrador habla de crecimiento y desarrollo pero pretende recortar el gasto en áreas que precisamente influyen directamente en la calidad de vida de los mexicanos. Ha, eso sí. 9 de cada 10 pesos se destinarán a los tres programas sociales estelares del gobierno lopezobradorista. En otras palabras, el gobierno federal renuncia a hacer obra pública y se propone repartir dinero, poner peso en mano de los mexicanos. O para ser más claro, es justo lo que por tantos y tantos años criticó y reclamó a los “prianistas”, fomentar el paternalismo, implementar programas electoreros, comprar con migajas, con despensas y tortas, conciencias y voluntades, votos y elecciones. No, no. Los morenos no son tan diferentes.
