CONTEXTOS
Gerardo Sandoval Ortiz
Fue necesario que el gobernador Enrique Alfaro anunciara el que en Puerto Vallarta ya estaba todo en regla para reanudar el programa de verificación vehicular en Puerto Vallartam para que el alcalde Luis Michel se atreviera a informar que él y su gobierno, han otorgado la licencia de operación a la empresa Applus Iteuve México S.A. de C.V. y autorizar ya sin contratiempos el verificentro.
No deja de resultar extraño el sello que le imprime a su gobierno Luis Alberto Michel Rodríguez, un obsesionado en ocultar sus acciones y decisiones a sus gobernados.
Cuando aquella sesión del Ayuntamiento celebrada el jueves 31 de marzo, el profe Michel daba la impresión de gobernar de la mano de los regidores del Movimiento Ciudadano. Los regidores del MC defendían la puesta en marcha del verificentro, y aunque en la misma sintonía, Michel intentaba esconder que ya había otorgado un permiso provisional que permitía la operación del negocio del 17 de ese mes de marzo con fecha de vigencia hasta el 17 de abril.
Michel debió sentirse acorralado cuando el regidor por el Partido Verde Ecologista, el PVEM, Francisco Sánchez Gaeta lo interrogó: Señor presidente, para para entrar en funciones, ocupa licencia municipal, no? Mi pregunta es. Ya la entregó la licencia? Creo que están en contra; pues vamos negándola licencia. Ya la otorgaron?
– Está en trámite. Está en trámite esa licencia (…) Mira, la solicitud de licencia tiene ya tiempo que la solicitaron y está en Ecología y la están checando. La verdad.
Esa fue la respuesta de Michel aquel día, cuando fue pillado en una de sus mentiras. En las horas siguientes al pleno de marzo fue exhibido en las redes sociales y en diversos canales le endilgaron títulos tales como “El alcalde profe Michel le mintió a Puerto Vallarta en plena sesión de Cabildo” “El alcalde ocultó que ya otorgó el permiso”.
El regidor Sánchez Gaeta ha sido el que le ha puesto el cascabel al gato. En aquella sesión de marzo, le recetó una frase que encierra todo. “Señor alcalde, hay que hablar con la verdad”.
Pero más reciente, el lunes 2 de mayo, el regidor Verde, a través de un “exhorto” en otra sesión, solicitó información sobre el trámite de la licencia de funcionamiento del verificentro. Para ese día, el permiso provisional negado en existencia por Michel había vencido el domingo 17 de abril, dos semanas antes. Los regidores morenos fueron en rescate de su alcalde, un profe Michel sumido en su perpetua tibieza anodina y votaron por guardar toda la información.
Hasta el viernes se desconocía las causas del porque el verificentro mantenía cerradas sus puertas. Ya después del anuncio del gobernador Alfaro, de estar todo en regla para la puesta en marcha del negocio, el profe Michel confesaría que el trámite se había frenado por la negativa de los vecinos en consentir el verificentro.
Los vecinos los fraccionamientos levantados sobre la avenida Las Palmas, fueron sometidos a distintas presiones para dar su consentimiento y solamente creyeron posible oponerse como Andrés Manuel López Obrador vetó un segundo decreto, este a ser ejecutado por el gobierno federal.
Solo por saber. El último día de julio del año pasado, el gobernador Alfaro firmó el decreto mediante el cual se reformo el Reglamento de las Ley estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular. Desde ese momento se advirtieron las reglas y de entre ellas, una mereció todo tipo de condenas, de ciudadanos de a pie y de políticos. En la zona conurbada de Guadalajara la medida obligatoria aplicaba desde agosto. Ya en diciembre, daba la impresión que el programa se enfilaba al fracaso.
El repudio generalizado a la verificación vehicular fue por el oneroso costo, 500 pesos de entrada, pero que en algún momento se traducirán en multas por miles pesos y el eventual retiro de los automotores que por su antigüedad era descartado aprobar la más benévola de las revisiones.
En otros estados del país, ejemplo Nuevo León, la verificación sería sin costo, y ello se tomó que en efecto, allá la medida sí era un programa para atacar la contaminación y no con pretensiones recaudatorios. En esas estaba cuando trascendió la fórmula del negocio: el dueño del establecimiento debidamente autorizado -una suerte de concesión- se quedaba con el 40% del pago, una parte igual al proveedor del programa WEB y el restante 20% iría a las arcas del gobierno. Además. Jalisco era uno de las entidades con el casto más alto.
¿Cuál es el alegato mayor del gobernador? El gobierno estatal niega se trata de un programa recaudador y sostiene que su programa tiene por objetivo abatir supuestos altos niveles de contaminación. Quién sabe si en Guadalajara son elevados los registros del ozono y otros agentes contaminantes. Probablemente sí, por lo menos más altos que acá en Puerto Vallarta.
El año 2022 llegó bajo los amenazantes llamados a someter los vehículos a la revisión en los talleres que con muchas prisas se fueron instalando en las principales ciudades de Jalisco. Se diseñó un calendario local para empezar desde enero pero el verificentro no estaba listo. Con tres meses de atraso, pudo operar con aquel permiso provisional firmado por Michel en lo oscurito en marzo.
Revisemos los pesos. Además del pago inicial de 500 pesos a pagar a la concesionaria de los verificentros, habrá sanciones por la no verificación. En el programa original del gobierno se estableció que a partir de julio iniciarían los operativos preventivos a fin de detectar a quienes circulen sin la debida revisión ecológica. Por la no verificación, la multas pueden ir desde 1 920 hasta 2 405 pesos. Aplica al conductor que carezca del comprobante vigente de dicha verificación y al propietario de la unidad. La multa puede condonarse si el anterior es verificado dentro de los siguientes 30 días naturales a la sanción. Hay otra sanción más onerosa que va de 1, 924 hasta 2 886 pesos, a quien sea hallado que pese a tener comprobante de verificación, en la inspección se determine que emite gases contaminantes más allá de lo permisible por las normas oficiales.
Si se sorprende al conductor con algún holograma o comprobante falso caminará con una sanción que oscila entre los 2, 886 y los 4, 811 pesos.
Hay multas tan excesivas que parecen probar el carácter recaudatorio del programa. Si se rebasa dos veces el límite de la norma, la multa puede llegar hasta los 9 622 pesos y aplica para particulares y transporte público. A esta cifra aludimos cuando anticipamos que la medida obligaría sacar de las calles vehículos de necesidad tan básica de miles de personas que dependen de su viejo automotor para salir adelante.
Apenas el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de la verificación, López Obrador lo vetó en su mañanera y la condenó a la no obligatoriedad. Va a golpear el bolsillo de los mexicanos, dijo.
Tres semanas después, Alfaro parece haber entendido la lección. Informó el jueves que al menos de momento o habrá sanciones ni tampoco tendrá carácter de obligatorio la verificación. Se escudó en la no existencia de suficientes carriles de revisión.
Ese viernes, entre la decena de invitados de Alfaro estaba Salvador Llamas Urbina, coordinador del gabinetazo de Michel y director del Seapal. Su presencia fue testimonial pues en los 40 minutos se le observó revisando su correspondencia digital y tomando dos o tres apuntes. Ahí Llamas escuchó que Alfaro mantenía su decisión de implementar el programa acá en Puerto Vallarta.
Los que conocen a Alfaro creen que ha decidido guardarse sus multas motivado por razones políticas y electorales. Puerto Vallarta no está dentro de sus preocupaciones. Ha sometido a Michel, lo cual se infiere del hecho de haber autorizado el profe las operaciones del verificentro, y nada lo detendrá si en su momento instruye emprender sus revisiones. Si ello ocurre, será después de junio y Michel será su cómplice. Si ordenó operaciones de ese tipo cuando había una administración municipal del MC, nada le impedirá repetir acciones contra los automovilistas con un gobierno de morenos.
Revolcadero
Solo por puntualizar. Decíamos arriba que Jalisco se halla entre los estados donde más caro le resulta llevar a verificación su automotor. Por costo es el tercer estado con la tarifa más alta, solo después de la Ciudad de México y el Estado de México. La diferencia está en que allá en el llamado Valle de México, la contaminación raya en ser tomada como algo de vida y muerte. Pero además ocurre que en Jalisco, el costo es con tarifa única, el pago de 500 pesos y en el estado de México puede bajar hasta los 380 pesos. Acá las multas por la no verificación pueden ser de 50 pesos (o hasta un poco más de 1500 pesos) e inclusive exentar si se cumple en un mes, pero siempre por debajo de aquellas entidades. En estados como Yucatán Veracruz y Tlaxcala manejan tarifas mucho más bajas que las cuotas de Alfaro. O en Querétaro, donde se puede pagar hasta 240 pesos por la verificación.****** Caray. Esta semana mucho hicieron enojar a Don Santo Amlo. Pero pues nuestro presidente suele armas a sus críticos, que en los últimos días le dio por hacer recorridos y vuelos por los rincones de las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Dejó caer su furia en quienes tachó de cretinos –todos periodistas- por armar un dizque escándalo por las escenas de esos pistoleros que le hicieron parada a quienes iban a cumplir su trabajo de dar cobertura a los actos de su gobierno. Fueron los periodistas se adentraron por carretera al “triángulo dorado” retenidos unos minutos en las inmediaciones donde Amlo saludó a la madre del chapo. Para qué tanto escándalo, si eso ocurre en muchos estados, dijo complaciente. Lejos quedaron aquellos días de cuando López Obrador se enfadaba y hasta hacia transmisiones cuando era retenido por soldados y le pasaban báscula en las carreteras de México y echaba sapos y culebras. Estos no eran soldados. Bueno sí, soldados de los varones de las drogas que cuidan el territorio.*****Después de los comicios del año pasado, no habíamos sabido de Melissa Madero. La tarde de este lunes grabó y difundió un video para hablar del reparto de utilidades y recordarle ese derecho constitucional de los trabajadores, mismo que consiste en recibir el 10% de las ganancias de la empresa. El plazo para las empresas de cumplir con sus trabajadores es el 30 de mayo pero si el patrón es una persona física, es hasta el 29 de junio. Este derecho es uno de los muchos en beneficio de los trabajadores, una clase abandonada por las autoridades, sobre todo por dependencias que tienen entre sus obligaciones precisamente defender derechos de esta naturaleza. Si no hay alguna queja o denuncia, ¿quién procura el cumplimiento de derechos como el reparto de utilidades?
