El gobierno federal no sólo ha ignorado las peticiones de apoyo que ha realizado la industria turística a fin de hacer frente a la pandemia, la cual ha exhortado a seguir los pasos de otros países en ese sentido, sino que parece dispuesta a poner más obstáculos a su desarrollo, como ocurre desde el inicio de esta administración.
Ahora sucede que estos días, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitirá un dictamen definitivo sobre la Norma Oficial Mexicana 29 (NOM29) que según temen los empresarios del sector de tiempos compartidos, puede impactar negativamente en las inversiones turísticas futuras.
Se estima que la propuesta afectaría la competitividad de los inversionistas mexicanos en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta-Riviera Nayarit.
Refiere la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) que en 2019 los tiempos compartidos generaron ventas de 277 mil semanas, que representaron cinco mil 100 millones de dólares. De hecho, México es el segundo país más importante en la venta de tiempos compartidos del mundo, con 25% del total del mercado.
En Estados Unidos se vendieron tiempos compartidos por 10 mil millones de dólares, y el negocio en el mundo superó los 20 mil millones de dólares.
A pesar de que 75% de los tiempos compartidos que se venden en México son adquiridos por estadunidenses, el proyecto de la nueva NOM29 establece reglas que, de ser publicadas en el Diario Oficial por la Secretaría de Economía, pondría en desventaja a los desarrollos mexicanos en relación con los que se siguen construyendo en Estados Unidos, es decir, el gobierno federal jugaría a favor de la competencia de los empresarios mexicanos.
Entre otros puntos, se establece la ampliación de cinco a 15 días en el plazo para arrepentirse de una compra, cuando en Estados Unidos el promedio para hacerlo es de 5.3 días. Y por el estilo, advierten empresarios integrados a Amdetur, hay otros puntos adversos, de los cuales darán detalles en breve.
