CONTEXTOS
Gerardo Sandoval Ortiz
En abril pasado, Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma político electoral, que deroga y adiciona diversos artículos constitucionales y al requerir mayoría calificada del órgano legislativo, habrá de dividir y confrontar no diputados y senadores y a todo el país.
Decíamos en la última colaboración del llamado público a una gran marcha en defensa del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para el domingo 13. Se llama a un a un paro nacional el lunes 14 por considerar que la reforma atenta a todos los Organismos Públicos Locales, los encargados de organizar los comicios locales en cada entidad.
La propuesta elaborada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y presentó desde abril, propone federalizar las elecciones, desaparecer los institutos electorales locales y los tribunales responsables de sancionar los comicios. La oposición considera que se amenaza la democracia tal como la conocemos y pretende regresar el control de los procesos electorales al gobierno. Es pues una regresión un tanto aproximada a los tiempos de cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación ejercía el control de organizar y calificar la elección cuyo episodio más recordado es cuando “se cayó el sistema”, frase atribuida paradójicamente a Manuel Barttlet Díaz, el ahora titular de la CFE, quien habría operado para consumar el supuesto fraude electoral que hizo ganar a Carlos Salinas.
Si bien, la propuesta de reforma político electoral es un tema de todos los días en los medios de comunicación, también es cierto que raramente los lectores se detienen a leer a detalles la iniciativa del régimen de la 4 Transformación. A grandes rasgos, podemos resumir como los principales ejes, la intención de reducir el número de diputados federales de 500 a 300 miembros, y de 120 a 96 senadores. Además, se plantea reducir los tamaños de todos los congresos locales en un rango que bien puede ser de 15 a 45 diputados locales según el número de habitantes de cada entidad. También se buscará bajar el número de regidores en todos los municipios.
Probablemente la propuesta más polémica es la de reducir de 11 a 7 el número de consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, sobre todo que estos surjan de una elección y a través del voto popular alcance ocupen dicha posición. El argumento de que someter a elección popular la designación de ellos consejeros, cuyas candidaturas surjan a propuesta de los partidos políticos, porque solo así “se acabarán los fraudes electorales”, no convence a los escépticos.
En la reforma electoral de la década de hace tres décadas, nacieron los “consejeros ciudadanos” pilares del extinto IFE ahora INE, surgidos de propuestas de las fracciones partidistas, debatidas y aprobadas por los integrantes de la Cámara Baja. Se les dice “consejeros ciudadanos” por su origen apartidista y en teoría garantizar la democracia en cada proceso electoral.
El INE ciudadanizade le es incómodo a López Obrador y los morenistas que en su propuesta sugiere desaparecerlo y nombrar consejeros afines a ellos. Están dispuestos a transformarlo y sustituirlo por uno de nombre Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC.
La principal argumentación cae en uno de los ejes principales, la de reducir el financiamiento el financiamiento público, una forma de someter a la autoridad electoral y aplique la tan socorrida doctrina de austeridad. Sin embargo, este objetivo se anula pues al convocar a elecciones nacionales para elegir a los consejeros, requiere un gasto estimado en varios miles de millones de pesos. Es decir, lo que se puede ahorrar en adelgazar la nómina del árbitro electoral, se gastará en organizar una elección en todo el país.
Reducir el subsidio del gobierno a los partidos políticos es otro planteamiento al que se resisten los partidos por una obviedad. Los legisladores representan a partidos políticos y no los vemos decididos a renunciar al millonario financiamiento público que por ley disponen cada año y aun cuando no celebren comicios. Entonces, plantear financiamiento exclusivamente en periodo de elecciones, suena sensato, pero no por ello genera el aplauso popular.
Los promotores desde el gobierno nos aseguran que de aprobar la reforma político electoral sin quitarle ni una coma permitirá un ahorro a nivel nacional de 24 mil millones de pesos. El problema es la desconfianza creada por la vehemencia con la que impulsan su reforma. Pareciera que se intenta construir un órgano electoral federalizado cuyas lealtades respondan al inquilino del Palacio Nacional.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, las elecciones en México “dejarán de ser las más caras del mundo, y habrá procedimientos modernos para que se instaure y se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos”.
La reforma propone fomentar el voto de los mexicanos en el extranjero e implementar el voto electrónico. Es un derecho ya establecido en la legislación electoral vigente pero la respuesta de los potenciales electores, los ya registrados en el padrón electoral, registran una baja participación.
Reducir los tiempos oficiales de la autoridad electoral en radio y televisión, también a los partidos, redefinir el concepto de la propaganda institucional, es tal vez uno de pocos temas de coincidencias.
No estamos seguros si el contenido de la propuesta tal como la conocemos extirpará los fraudes electorales de los que Amlo suele quejarse siempre que pierde una elección. Plantean cerrar llaves de gasto pero por otro las abren, lo que pone en duda la dudosa afirmación de tener México las elecciones más caras del mundo. Desde el gobierno pregonan que ese es el camino para a instaurar la democracia y modernizar los procesos electorales.
Los argumentos gritados por Amlo en sus “mañaneras” no son distintos a los escuchados en 1953, cuando se concedió a la mujer el derecho de votar, o cuando la reforme electoral en la década de los 60 que abrió espacios a la participación de la minoría en San Lázaro. Luis Echeverría Álvarez impulsó desde Los Pinos su propia reforma electoral en 1977 y presumía que solo así México sería un país democrático y moderno. Mas o menos la misma bandera de López Obrador.
Después vendría la reforma de Salinas y la de Ernesto Zedillo, las que permitieron construir el INE y el TEPJF, el que organizó y el que avaló el triunfo electoral de AMLO, justo quien propone desparecerlos.
Revolcadero
En agosto pásado9, el Consejo General, del Instituto Electoral aprobó por unanimidad los montos de financiamiento público a los partidos políticos nacionales para 2023. Morena es el partido con mayor financiamiento pues de una bolsa total de 6 mil 233 millones de pesos, tendrá asignado poco menos de dos mil millones de pesos. Solo para gastos ordinarios, dispondrá de 1 mil 837 millones 562 mil pesos. Puede gastar 55.1 millones de pesos para actividades específicas. El PAN y el PRI también tendrán un presupuesto arriba de los mil millones de pesos. Son bolsas millonarias, pero a los candidatos no les satisfacen sus excéntricos gastos en pre y en campañas. Es cuando buscan financiamiento que ya en el poder los estrangulan y tienen efectos bumerang. *******En Ixtapa se armó otro mitote (será ya mundial esa fama) por la falta de luz en el domo en un evento de escuelas. Que solicitó muy a tiempo a la delegación municipal pero que nadie acudió para activar los encendidos y los organizadores se las ingeniaron para iluminar la plancha de cemento y el graderío. En las páginas del “Ixtapa de mis amores” explotaron los quejosos y dirigieron las mentadas a la delegación municipal.****** Por cierto, desde el pasado fin de semana habría estallado la crisis en el gobierno municipal y en varias dependencias ya se informó que no hay dinero ni para pagar el combustible y mover automotores. Esta semana permanecen sin moverse el módulo de maquinaria pesada y todo indica que el proveedor de gasolina y Diesel canceló el servicio por un millonario adeudo.
