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Gerardo Sandoval Ortiz |

Apuntes de los procesos por «aviadores» en la nómina con el profe de los dieces

CONTEXTOS

 

 

 

El pasado 24 de marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción emitió el boletín de prensa 22/25 para dar a conocer que Juez de Control y Oralidad, Luis Daniel Canales González había resuelto vincular a proceso al ex jefe de nómina del gobierno municipal, Jorge Alonso “N” por el delito de peculado. En los siguientes días, y parte de la misma audiencia inicial, vinculó a Rafael “N” y Lucio “N”, los que desempeñaron el cargo de Oficial Mayor Administrativo en la administración que presidió Luis Alberto Michel Rodríguez.

Si bien la administración 2021-2024 se caracterizó por los actos impúdicos, sus protagonistas fueron generosos en un cotidiano cruce de acusaciones judiciales, las más, señalamientos de incurrir unos y otros en delitos de corrupción y peculado. El equipo legal de Salvador Llamas Urbina trajo a raya a regidores y funcionarios de Morena que no se alineaban a sus designios ni a la línea del profe Michel. Y los regidores del Partido Verde, con el extinto Francisco Sánchez Gaeta y Luis Munguía, no daban tregua al propio Michel, subordinados y a uno que otro regidor de Morena.

Al profe Michel, pero también a Salvador Llamas antes de ser asesinado en Guadalajara en octubre de 2023, desde adentro de Morena, la regidora Carla Esparza Quintero les hizo frente y para muchos ella le allanó el camino al triunfo electoral del ahora presidente municipal, Luis Munguía González. Ya de ciudadana, sin regiduría ni fuero y sin protección política, Carla Esparza ha sido víctima de unas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción. En su equipo de trabajo incluyó a familiares en nómina; uno de ellos tiene complicaciones para acreditar residencia local y no fuera de la ciudad, como se señala.

Por el intercambio de denuncias y acusaciones formuladas por los opositores a Michel y a su gobierno, y la respuesta de los regidores verdes, se impone a percepción que esos tres años fueron obscenos e indecorosos. Todos parecen haber cooperado para engordar la nómina y al final, ya confrontados, se acusaron unos a otros.

Llamas y sus abogados afinaron el recurso legal contra el autoproclamado Contralor Ciudadano Independiente de Jalisco, Jorge Carlos Ruiz Romero, una purga interna que atrapó a varios zacatecanos importados por el asesor de Michel. Recordemos el mal momento que le hicieron pasar a la maestra María Elena Curiel Preciado, a quien le reclamaron por la vía judicial incurrir en el supuesto de nepotismo. La maestra fue otra víctima del espíritu pendenciero que privó en el gobierno moreno y que aceleró su prematura caída.

El repaso anterior viene a propósito del escándalo en el que está involucrada la dama del espectáculo regional, Eli Castro, pillada por ser beneficiaria de un sueldo mensual de 73 mil pesos, su emolumento por desempeñar el cargo de “asesor técnico” de la Dirección General del Siapa. Ostentar una responsabilidad altamente especializada como la de “asesor técnico” probablemente amerite cobrar el segundo sueldo más alto del organismo operador del agua potable en a zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, es unánime la percepción de que la ex conductora del programa “que quiere le banda”, esta muy lejos de tener el perfil necesario para desempeñar el cargo.

Eli Castro se metió en un berenjenal cuando protagonizó un debate callejero a petición suya y reveló que en realidad, si cobra en el SIAPA, pero había sido comisionada para realizar funciones de las que se guardó detalles. El SIAPA precisaría que entre sus políticas es no comisionar a personal de su plantilla. Y en las siguientes horas informó en un boletín de prensa que no renovaría el contrato laboral a Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, su nombre real, y sin más detalles la pusieron de patitas en la calle.

De la historia de la ex conductora del programa musical tapatío, ya se saben todos los detalles. La presión mediática obligó a la Fiscalía Anticorrupción darle entrada a una carpeta que defina si la historia pudiera configurar algún tipo de delitos. Algunos consideran que se trata de un caso de peculado.

El Código Penal del Estado, en su Título Séptimo de Delitos por hechos de corrupción, Capítulo II, Reglas Generales, establece con claridad que incurren en corrupción (fracción IV) el “que ejerza alguna comisión, empleo o cargo distinto” para el que fue contratado”. El Capítulo II habla del Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público, y si la memoria no nos falla se le aplicaron precisamente al Contralor Ciudadano Independiente de Jalisco, Ruiz Romero y así fue como Llamas se lo quitó de encima. En varias denuncias que en su momento interpuso Sánchez Gaeta invocó precisamente a diversas fracciones del Capítulo II del Código Penal de Jalisco, presumiendo delitos de corrupción por cobrar un sueldo sin desempeñar la función ni presentarse a su centro de labores.

La fracción VI, del mismo capítulo que habla del Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público, establece que incurre en el delito el “que abandone, intencionalmente, servicios de vigilancia o custodia propiciando la comisión de un delito por ausencia, independientemente de la penalidad que le resulte como coautor”.

Por desgracia es frecuente que existan “empleados” que caen en este supuesto del “delito de ausencia”. Si nos apuran, se trata de aquellos “trabajadores” que se suele llamarlos “aviadores”, empleados que consienten los jefes superiores.

En el proceso a cargo del juez de Control y Oralidad, Daniel Canales González, se vinculó a proceso no solo a quien se desempeñaba como jefe de nóminas, Jorge Alonso Casillas García, sino también a Rafael Rodríguez Zúñiga ya Lucio Meza, los que en su momento fungieron como Oficial Mayor Administrativo. Rodríguez Zúñiga aprobó en febrero de 2024 el nombramiento de una funcionaria de Proveeduría que carecía de título profesional y Lucio Meza, un antiguo colaborador de Javier Bravo Carbajal en la Secretaría Particular, los nombramientos para los meses de marzo a junio de ese mismo año.

El juez Canales consideró haber pruebas suficientes para vincular a los dos ex colaboradores de Michel Rodríguez por delitos de abuso de autoridad, por incurrir en el supuesto de aprobar u otorgar un nombramiento a un servidor público contraviniendo a lo establecido por la Ley y por el uso ilícito de atribuciones y facultades al haber otorgado “permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico”. En el caso de Lucio “N” se consideró el delito de peculado al autorizar o consentir el pago de salario a trabajadores que no desempeñen sus servicios.

El artículo 146 del Código Penal dice: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, que incurra en alguno de los casos siguientes: quien apruebe u otorgue un nombramiento supernumerario que trascienda el periodo constitucional del titular de la entidad pública, en el que se otorgó,  quien apruebe u otorgue definitivita en el puesto, empleo, cargo o comisión al servidor público, tenga un nombramiento temporal de carácter interino, provisional o de obra determinada, sin observar lo dispuesto por la legislación y reglamentación relativa al escalafón, servicio civil o la aplicable, quien apruebe u otorgue un nombramiento a un servidor público, cuando contravenga lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (…).

El Artículo 148 del Capítulo V Peculado dice que comete el delito de peculado: I, Todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito, posesión o por otra causa; y II, cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

El Código Penal Federal, en su artículo 223, incorpora delito de peculado y sanciones a servidores públicos que, por razón de su cargo, distraigan fondos, bienes o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, ya sea para su uso personal o el de terceros y se contempla el delito de peculado hasta por omisión.

 

Revolcadero

 

Por cierto, la exfuncionaria de Proveeduría que motivó las denuncias que tienen en jaque a tres ex colaboradores del gobierno del “profe de los dieces” y bajo proceso por delito de peculado y ejercicio indebido, Galilea Guadalupe «N», también fue vinculada en marzo pasado. Lo que se sabe es que es una “abogada” de Proveeduría sobre la que pesen delitos de peculado,  abandono del servicio público y ejercicio indebido de funciones debido a no cumplir los requisitos legales y de percibir un salario sin desempeñar adecuadamente sus responsabilidades. En su momento se resolvió debería presentarse a firmar mensualmente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares (UMECAS) y no abandonar el estado de Jalisco, aunque se consideró tramitar autorizaciones específicas para trasladarse a Bahía de Banderas. Su falta fue haber ejercido funciones sin cumplir los requisitos legales (título profesional) y de percibir un salario durante 5 meses sin desempeñar adecuadamente sus responsabilidades, no cumplir 8 horas en la oficina, retardos, inasistencias, y omisiones en sus registros de salida en el checador. ******* El alcalde Luis Munguía abrió la semana con la entrega de 5 mil tabletas a niñas y niños en una ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva La Lija de la colonia El Coapinole. El alcalde fue acompañado de padres de familia, escolares, funcionarios y regidores, entre los que destacaban el regidor Víctor Manuel Bernal Vargas, el Gerente de Construcción de Comunidades, Ramón Chávez, el director de la escuela Ignacio Zaragoza, José Santos. Una de las niñas beneficiarias con tablets Dana Mata y la madre de familia Rubicela Castillo, fueron invitadas a ser parte del presidium. En su mensaje Ramón Chávez dijo que el apoyo del instrumento de trabajo que el gobierno del renacer verde es un regalo que les ayudará en su desempeño. La señora Rubicela Castillo agradeció los regalo y director de la escuela Ignacio Zaragoza, José Santos habló de lo útil que esta herramienta para los niñas y niños.******* El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, David Zamora Bueno realizó un recorrido de supervisión de los trabajos del nodo vial en el crucero de Las Juntas y declaró que ya hay un 60 por ciento de avances. Los trabajos de dicha obra, aunado a los acabados para entroncar la autopista Jala-Puerto Vallarta, unos cuantos de metros más al sur, provocan todos los días y a todas horas el lento circular automovilístico. La obra incluye puente para peatones, retornos y rampas y es aquí en donde se ha avanza. Vienen casi de inmediato el traslado de las gigantescas trabes de cemento. El funcionario destacó avances más en los colados de cemento que servirán de apoyos para el montaje de las trabes. El nodo vial es parte de un plan estatal para fortalecer la infraestructura vial del destino y agilizar el tráfico vial en el norte de la ciudad.

 

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