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Prevén la renovación en Poder Judicial de Jalisco con reforma

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco dijo son 34 magistraturas y 206 jueces quienes se irían a las urnas

 

EL INFORMADOR. – La reforma judicial seguirá su curso en Jalisco y tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación, ahora corresponde al Congreso local hacer las adecuaciones para preparar la renovación del Poder Judicial cuyos jueces y magistrados también se irían a las urnas para ser elegidos mediante proceso de elección.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, dijo que son 34 magistraturas y 206 jueces quienes se irían a las urnas, aunque es el Legislativo local quien debe poner las bases para determinar el porcentaje de las vacantes que estarán en juego en 2025; a nivel federal, será el 50 por ciento de los cargos.

“En el Estado de Jalisco son 206 jueces en todas las materias, civil, familiar, mercantil, laboral, penal y 34 magistrados, entonces en el 2025 a quienes antes de esa fecha estén en un proceso de ratificación después de marzo y antes de esa fecha ya no entrarían a ratificación, se irían a elección y en el 2027 la totalidad”.

Esto significa que, según sus proyecciones, serían 240 vacantes las que estarían disponibles para elegir en el Poder Judicial del Estado de cara a las elecciones de 2025 y 2027, pero el Congreso debe determinar la cantidad de aspirantes que podrán competir por un cargo, por lo que el número de participantes se podría triplicar.

“En el 25 a quienes antes de esa fecha estén en un proceso de ratificación después de marzo ya no entrarán a ratificación, se irían a la elección y en el 27 en su totalidad. El tema de las boletas, imagínense van a ser 206 plazas de jueces entonces tenemos que votar por 600 personas, imagínense”.

Reconoció que solamente a nivel internacional quedan recursos para impugnar la reforma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Creo que ya no hay ningún mecanismo legal que la detenga, a menos que la Comisión Interamericana decrete una medida cautelar de suspensión y el presidente decida aceptarla, porque puede no aceptarla”.