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Gerardo Sandoval Ortiz |

Sin posicionar la nueva estación de Max Lomeli detona conflicto laboral descobijado por la red

CONTEXTOS 

Cuando lunes 13 de febrero salió al aire la radiodifusora Paralelo 20, 650 am, consideramos que era el alumbramiento de una empresa que daba oportunidad de empleo, además de locutores y personal administrativo, para un grupo de periodistas.
De aquel lunes de febrero al lunes 31 de julio, apenas transcurrieron 170 días, 11 quincenas para efectos salariales y ya cinco de empleados han sido despedidos. Recurrieron a la protección laboral de la 61 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en cuyas oficinas de la avenida Allende, el centro de Tepic, la capital del vecino estado, deberán comparecer demandados y despedidos.
La radiodifusora Paralelo 20 es la concesión otorgada al periodista tapatío Carlos Martínez Macías, cuyas oficinas se hallan en el mismo edificio conocido como la UMA. Sea como accionista y socio capitalista, en el proyecto tiene participación el abogado Maximiliano Lomelí Cisneros.
Los empleados despedidos nos aseguran que el concesionario de la am está debidamente enterado de la situación que priva en la empresa pero ha sido tolerante y permisivo con las decisiones tomadas por nuevo director Oswaldo Granados Ramírez, un periodista que en los últimos años ha saltado del periodismo al servicio público y ahora funge como director de dicha empresa. Los afectados por las decisiones, atribuyen a él los despidos, apenas parte de una serie de yerros en la conducción la llevó a una grave crisis financiera.
Cuando el lunes 13 de febrero salió al aire la nueva radio, se presentó como director al periodista Jorge Olmos Contreras. Por cuestiones de salud debió ausentarse y por semanas, el titular de la concesión, Carlos Martínez tomó lo timón personalmente. Solo fue hasta el 15 de julio cuando se nombró al nuevo director, el periodista Osvaldo Granados. Desde que asumió su cargo deslizó el mansaje de botar de la empresa a quien a su criterio no servía y n o daba resultados.
Para el lunes 31 de ese mismo mes de julio, Osvaldo Granados dio su primer manotazo.
Cinco fueron los primeros despedidos: Mauro Urbina, el jefe de producción; Cinthia Campos, con funciones de continuista (en una empresa de este tipo, se conoce como continuista a la persona responsable de programar el spoteo); la reportera Estefanía Meré y el reportero y productor de noticiar, Alan Yamil. La conocida comunicadora Angélica Carmona no tuvo mejor suerte. La guapa dama tenía nombramiento de conductora y productora pero a juicio del nuevo director era una pieza reemplazable.
Entre el personal de la radio, se rumor que la reportera Brenda Montiel y un operador de cabina, están en capilla.
Cualquier empresa puede tomar decisiones de rescindir de sus trabajadores. Sin embargo, por ley está obligado a indemnizarlos y lo más sagrado es cubrir tres meses de salario, un derecho constitucional de los trabajadores. También debe pagar una prima de antigüedad y la parte proporcional del aguinaldo.
En cambio, el ofrecimiento de la parte patronal fue una auténtica grosería: Tres mil pesos.
En el país, todo asunto relacionado con una radiodifusora es un asunto federal. Los despedidos acudieron a ampararse del acto de despido que tacharon de injusto a la Junta Federal De Conciliación y Arbitraje con sede en Tepic. Desde allá vinieron a notificar a la demandada. Hubo por ahí oportunidad de conciliar pero no se adoptó acuerdo entre las dos partes.
En fechas recientes, notificadores se trasladaron desde Tepic a entregar oficios para las audiencias por venir. Para este viernes sabrán de comparecer para intentar dirimir dos de los casos y será hasta el 29 de este mismo mes, cuando se aborde la demanda de las otras demandas.
Las comparecencias pueden no ser presenciales en razón de que los involucrados, la empresa o sus abogados o los demandantes, podrán optar por hacerlo vía serán virtual, a distancia.
En la historia de nuestro relato hay un componente no menos interesante. Nos afirman que en la última reunión del Grupo Red Periodística el tema de los cinco despedidos fue llevado a discusión a petición de estos últimos. Los periodistas despedidos solicitaban solamente que dicho grupo se mostraran solidarios. “Les notificamos para decirles que vamos a necesitar que nos respalden para que nos cumplan con la liquidación que por ley nos corresponde”, nos reportaron.
De la mesa directiva, tres de ellos, ya forman parte la radiodifusora, Susana Carreño, Miguel Ocaña, quien funge como “presidente” de la Red, y el propio Osvaldo Granados. Ocaña tiene plaza de reportero y Susana Carreño, conduce un programa llamado “el aquelarre”.
La información que trascendió desde el fin de semana fue la negativa de respaldar a los cinco periodistas que afectados por la decisión de otro miembro de la “Red”, Osvaldo Granados. Susana Carreño y Osvaldo Granados están a favor de negarles el apoyo y el tibio Ocaña, no sabe ni para dónde hacerse. Algunos miembros, de influencia limitada en la “Red”, les han expresado apoyo.
Lo que ocurre al interior de la dichosa Red Periodística Puerto Vallarta parece tomar fuerza de un claro conflicto de intereses que tiene atrapado a sus principales líderes, al supuesto presidente, Miguel Ocaña, quien como reportero es subordinado de Granados. Éste último es el ejecutor de la empresa, quien los despidió y les ofreció los tres mil pesos por liquidación laboral.
Periodista de profesión el concesionario de la estación, Carlos Martínez sorteó el problema financiero con el abogado Max Lomelí, quien invitó a Susana Carreño integrarse al proyecto, cuando recuperó salud y lucidez después del atentado de julio del año pasado. De buenas a primeras, la veterana periodista emprendió una serie de maniobrar con aparente interés de tomar el control de la empresa y sus noticieros. A Susana Carreño le atribuyen haber impuesto al director Granados. “Osvaldo es el títere que Susana puso para poder manipular la radio”, nos relató uno de los afectados.
Martínez Macías está enterado de la situación pero se siente atado de manos por los asuntos de los dineros, según les ha contestado. Sin embargo, tampoco descartan que el concesionario sea parte de un plan amañado con el grupo de periodistas liderado por Susana Carreño para desprenderse de piezas que no le responden a ella.
Revolcadero
Que este fin de semana regresa a Puerto Vallarta, Marcelo Ebrard Casaubon, la corcholata que amenaza con descarrilar a la consentida del Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum. A finales de junio pasado, Ebrard se tomó todo un fin de semana en recorrer la ciudad y también Bahía de Banderas. Lo curioso es que esta visita se planeó originalmente para estar en Guadalajara el viernes pero ha trascendido que el aspirante presidencial viró a Puerto Vallarta y para el sábado, pues está invitado a participar en una reunión nacional de jóvenes. Ese mismo sábado, también estará por la tierra del mariachi el otro López de tabasco, Adán Augusto.****** Fuentes confiables nos afirman que un nutrido sector de maestros estarían en pláticas con Luis Ernesto Munguía González y que las negociaciones esa por cerrarse. En las pláticas esta un sindicato y la propuesta sobre la mesa es apoyar la eventual candidatura de Munguía a la presidencia municipal. Los maestros creen y suponen el dirigente estatal del PVEM y actual regidor tiene todo para ganar las elecciones del 2024.******** Por cierto, días atrás se hizo público el malestar de empleados de la Secretaría de Educación del estado porque el gobernador Enrique Alfaro   Ramírez está utilizando al personal de dicha dependencia para organizar un padrón de votantes. Alfaro usa a la Secretaría de Educación con fines electorales y mantener la gubernatura en las elecciones del 2024, es la acusación. En la operación destaca el titular de dicha dependencia Juan carolos Flores Miramontes y sus directores mas cercanos. Trabajan de la mano del coordinador operativo estatal del Movimiento Ciudadano, José Manuel Romo Parra. Se trata de obtener información personal de potenciales votantes y los concentran en una plataforma de la secretaría que denominan “Plataforma Tema 2 Golstech”. La forma de operar ves sencilla: el empleado estatal envía por whatsapp el link al ciudadano, lo registra en el número de teléfono que corresponde a la plataforma “Tema 2” y da el número de celular de quien lo invitó. Luego, el sistema pide datos personales y foto de la credencial de votar. En las políticas de privacidad de la plataforma destaca que la información será utilizada para diversos fines como para “campañas y propagandas de candidaturas”.
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