CONTEXTOS
Gerardo Sandoval Ortiz
El origen de los conflictos-problemas legales que tiene en jaque (casi mate) al alcalde Luis Michel, tuvieron su origen tres décadas atrás, cuando se negoció la tierra para construir la central de autobuses. Los conflictos nunca se fueron y renacieron cuando Ramón Guerrero no quiso acatar un primer mandato judicial, y el ahora alcalde, leal a la línea mochilista, y otros subordinados a él, cayeron en reiterados desacatos al desoír y no contestar 16 requerimientos judiciales.
Se impone la creencia que el desgobierno desde el inicio de la gestión de Luis Alberto Michel Rodríguez le acarreó los aprietos legales que lo apremian. Su primer jefe jurídico, el abogado Roberto Ascencio Castillo le renunció a mediados de febrero cuando apenas se empapaba en los asuntos propios de la dependencia a su cargo. En su lugar, se importó desde el centro del país a una profesionista en la materia pero ignorante de los problemas que atañen al gobierno municipal.
Habrá que preguntarle a la maestra Elena Bravo Gómez, la sustituta del abogado Ascencio, si ha oído de los múltiples conflictos legales que datan desde el primer lustro de la última década del siglo pasado cuando se fraccionaron varias parcelas del ejido Las Juntas donde hoy se levantan empresas como la central camionera, la cervecería Corona, el restaurante México Late, Vallarta Plus, un expendio de gas, entre otras
En diciembre de 1997 se inauguró la central camionera al cabo de al menos cinco años de negociaciones entre parceleros y ejido con el gobierno estatal y municipal. A los últimos les urgía construir la nueva central y desfogar el tráfico pesado del centro de la ciudad. Por lo menos cuatro líneas de autobuses partían y salían de terminales en la colonia Emiliano Zapata.
Por aquellos años, Rafael Montes Escopa fungía como presidente del ejido Las Juntas. Fue el negociador original aunque la siguiente mesa directiva cerró los acuerdos finales. Varios ejidatarios recibieron concesiones de taxis. De aquellos tiempos vienen dirigentes como Antonio Arreola Pérez, Fernando Mendoza Bernal, Efrén Isas Venegas, Ernesto Amadeus Espinosa, éste último ya fallecido.
La nueva terminal fue la primera edificación en esa zona, colindante con un callejón sacacosechas y otro que servía de acceso a Mojoneras desde la carretera 200. Sería el camino doméstico ejidal el que ocasionó las primeras pugnas.
Los Orendain eran propietarios de una extensión de tierras y nunca estuvieron del todo satisfechos con las negociaciones. Fueron uno de los propietarios que entablaron litigios legales en las siguientes décadas. Pero no fueron los únicos, aunque las autoridades en turno supieron renegociar acuerdos anteriores… hasta que llegó Luis Michel.
Con los años, la zona se pobló. Se construyeron varios fraccionamientos y hasta un coto privado. En los terrenos del aeropuerto, está la 41 Zona Militar. Mas adentro, sobre la avenida, está el edificio de la Fiscalía Regional de Justicia. En la avenida Palma Real, el principal ingreso al sector, surgieron varios edificios, entre ellos la terminal de Vallarta Plus y el restaurante México Late. Ellos son apenas dos de los litigantes de los casos que amenazan la estadía de Michel en la alcaldía.
Posterior a los acuerdos de la década de los 90, los primeros inconformes fueron otros viejos posesionarios de tierra en la misma zona. Son los ladrilleros. Demandaron al ejido por haber negociado una porción de tierra que ellos reclamaron como suya. No sin algunos sobresaltos y silencioso, el proceso legal continuó hasta la gestión de “el mochilas” (2012-2015).
Un día, el responsable de los asuntos jurídicos del municipio, Jorge Quintero Alvarado platicó con Ramón Guerrero Martínez sobre un fallo judicial que ordenaba resarcir daños reclamados por los ladrilleros en la avenida Palma Real. El mandato judicial ordenaba reconstruir unas bardas ya demolidas, también por un primer fallo de una autoridad competente. “El mochilas” se opuso a la recomendación de quien posteriormente sería alcalde interino.
En síntesis: el ejido vende y los nuevos dueños levantan sus bardas perimetrales. Los ladrilleros demandan al ayuntamiento exigiendo demoler las mismas bardas. En una primera instancia, ese juicio deviene en un fallo a favor de los ladrilleros y se ordena reconstruir. Los nuevos dueños responden con recursos de inconformidad a las demandas y en la segunda gestión de Arturo Dávalos Peña, del que Jorge Quintero fue primero síndico y luego alcalde interino, se alcanzó un acuerdo que de momento puso aparente fin a los embarazosos juicios.
Quintero Alvarado Gallardo y Francisco Vallejo Corona, esto secretario general de gobierno, renegociaron acuerdos. El municipio exentaría costos, multas, permisos por la demolición y reconstrucción de las susodichas bardas. Sin embargo, dichos acuerdos generaron nuevas inconformidades de parte de los ladrilleros y en consecuencia, se mantuvieron vivos varios de los procesos que aparentemente caminaron en paralelo. Hasta ese momento, Jorge Quintero sería el pararrayos en ese frente y gracias a sus acuerdos controló al menos una media docena de requerimientos.
En octubre del año pasado, Luis Michel tomó la estafeta. El primero de sus muchos yerros fue guardarse nombramientos de “directores” y expedir firmas de “encargados” en cada área. Ascencio Castillo, el responsable jurídico, se informó públicamente debido a la zozobra jurídica de su encargo. Las limitaciones de su nombramiento probablemente inhibieron la posibilidad de firmar y contestar algunos de los 16 requerimientos que hicieron hacer en desacato a Michel Rodríguez.
Este último sábado 7 de mayo, Héctor Alberto Romero Fierro, vicepresidente del Colegio Nacional de Correduría Publica y perito del Consejo de la Judicatura federal para el Tercer Circuito, escribió en su última colaboración de Grupo Milenio: “En sesión celebrada el pasado 4 de mayo del presente año por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito Integrado por los Magistrados Moisés Muñoz Padilla, Claudia Mavel Curiel López y Leonel Medina Rubio se analizó el Incidente de Inejecución 18/2021 derivada del juicio de Amparo Indirecto 3736/2018 del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y ante el actuar “contumaz”, se acordó enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto toda vez que a juicio del Tribunal Colegiado se actualizó en definitiva el incumplimiento de la sentencia de amparo”.
De acuerdo a la publicación, “Se encuentra en trámite la destitución” del munícipe vallartense, Luis Michel, “en su carácter de superior jerárquico”, del juez municipal y el director de Obras Públicas, “por negarse a cumplir una sentencia de amparo”.
De acuerdo al ex presidente del Coleo de Corredores Públicos de Jalisco, los actos que se reclaman y dieron origen al juicio de amparo fueron la ilegal demolición de unas bardas por parte de Obras Públicas, así como diferentes multas sancionadas por el Juez Municipal. Por ello -añade la publicación- el Juez de Distrito determinó la ilegalidad de dichos actos, ordenando la reconstrucción de las bardas en cuestión, así como decretando la nulidad de las actas de verificación e inspección, en ese sentido de mero trámite resultaría su cumplimiento”.
Leemos y releemos lo último; “en ese sentido de mero trámite resultaría su cumplimiento”. Es cierto. Demoler una barda, es una falta, un acto ilegal, daño patrimonial que, con o sin fallo judicial de por medo puede resarcirse, reconstruyendo la barda.
Pero al “mochilas” le faltó humildad cuando Jorge Quintero le recomendó acatar el mandato de una autoridad. Por humildad, arrogancia, indolencia o ignorancia, quizá por desatender su responsabilidad de mando “superior jerárquico” en el gobierno municipal, Michel acumuló 16 requerimientos y al incumplir el mandato judicial cayó en el supuesto de cometer un delito por el cual puede ser destituido.
Revolcadero
El perito del Poder Judicial Federal, Héctor Alberto Romero Fierro escribió otro párrafo cuyo contenido no tiene desperdicio y –no sin riesgo de recibir reclamos por derechos de su autoría- transcribimos íntegro: “Las autoridades señalados como responsables decidieron no acatar la sentencia dictada por el Juez, pese a múltiples requerimientos, en el caso concreto se realizaron más de 16 requerimientos con multas a las citadas autoridades, por estos motivos se promovió en los términos del artículo 193 de la Ley de Amparo el incidente de inejecución, mismo que resolvió procedente el Tribunal Colegiado, turnando el expediente como marca la Ley de Amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto se proceda decretar la destitución, separación del cargo y consignación ante el juez federal penal por el delito de incumplimiento de Sentencias der Amparo, de los funcionarios públicos y su superior jerárquico, en este caso el Presidente del municipio, Luis Alberto Michel Rodríguez, toda vez que en él recae la de decisión de acatar o no la orden del Juez de Distrito, si sus inferiores jerárquicos no quisieron dar cumplimiento a lo ordenado, este contaba en todo caso con la facultad de removerlos del cargo”. Por cierto, aquí cabe precisar, sin que se asume en favor del “profe de los dieces”, que el primer “encargado” de la Coordinación de Juzgados Municipal, Bogar Zamudio Pérez, fue removido en los mismos días que Roberto Ascencio del Jurídico, a mediados de febrero. Hasta ahora, no sabemos las causas reales de dichas remociones. ¿Serían por la indolencia, la dejadez, por no contestar ni acatar el mandato judicial que tiene en jaque a Michel? Solo es una pregunta.****** Un último párrafo de la autoría de Héctor Alberto Romero Fierro: “Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe confirmar lo resuelto por este tribunal Colegiado, para demostrarle a la ciudadanía y al resto de funcionarios de los tres niveles de gobierno que con las sentencias de Amparo no se juega, y que no tendrán estos “contumaces” funcionarios vallartenses trato especial por ser de Morena”. “O acaso también estos funcionarios menores opinan como López: no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, subraya al final.****** En las últimas semanas hemos tomado apuntes de preocupantes casos registrados en antros de la ciudad. Regularmente se trata de jovencitas que al acudir a divertirse, consumen bebidas alteradas que afecta de tal modo que pierden memoria, conciencia y sentido y son víctimas de abusos de alta gravedad. Un caso destaca sobre otros por la sospecha que recae en un par de empleados del DIF y la apatía de personal de la Fiscalía Regional de Justicia que retarda la justicia y revictimiza a la denunciante. Al menos ese es el testimonio relatado al autor. En tanto, la carpeta judicial duerme en los escritorios de la Fiscalía.******* Un último y breve comentario de la rumorología con especial dedicatoria al “profe de los dieces”. A mediodía se soltó la versión de consumarse al despido del zacatecano Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, del asesor de Luis Michel asociado a “la estafa legislativa” por sus oficios de facturero. Que ya el profe había tomado la decisión de deshacerse del señor Palestina. Sin embargo, el aludido afirmó a quien lo consultó que no, que seguía firme echando trazos al Plan de Desarrollo Urbano y otras asesorías por encargo del profe. Además, que a Héctor García Ninomiya, otro del que no sabemos si es aviador real asesor del profe, también había recibido una patada en su trasero. De cualquier forma, este señor Nonimiyaya desde antes se entretenía en organizar bailes y jamaicadas disfrazadas de fiestas de mayo.
