A 30 años de una serie de explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado en Guadalajara
A 30 años de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), sostuvo que no se ha reparado el daño integral a las víctimas de esta tragedia por lo que existe una deuda histórica del Estado mexicano hacia las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992.
Asimismo la CEDHJ reiteró la solicitud para que las autoridades del estado de Jalisco atiendan los pendientes en el tema, entre los que están el derecho de acceso a la verdad y la atención adecuada y digna a los sobrevivientes, indicó la integrante del área de atención a personas defensoras de derechos humanos, Melina Gil Meza.
«Considerando como hechos evidentes la continuidad de los impactos y afectaciones que esta tragedia sigue provocando tanto en las personas directamente involucradas, como en la sociedad en general, que vive en la incertidumbre de saber lo que realmente sucedió, quiénes fueron las autoridades involucradas y cuál fue el deslinde de responsabilidades, incluyendo a las autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno; por lo que, en consecuencia, no se ha cumplido con la reparación integral de los daños bajo los estándares del derecho internacional ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos, como fue esta tragedia que llenó de luto y dolor a cientos de familias que, a 30 años, continúan sufriendo ante la insuficiencia de acciones por parte de los gobiernos», expresó.
A unas horas del 30 aniversario del 22 de abril en Guadalajara, la defensoría pública en un pronunciamiento al respecto recordó:
«En abril de 1992, personas vecinas del sector Reforma, en la ciudad de Guadalajara, alertaron sobre humo y olor a combustible que provenían del sistema de alcantarillado: los colectores de aguas estaban acumulando gasolina. Pero los indicios fueron obviados por las autoridades públicas. La mañana del día 22, el riesgo detonó. Una serie de explosiones provocaron, según cifras oficiales, la muerte de 212 personas y la desaparición de 69; fueron destruidos 8 kilómetros de calles y dañadas 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos. El suceso rebasó la respuesta del Estado mexicano. Las personas rescataron de entre los escombros a sus propias familias, a vecinas, vecinos, amistades. El siguiente paso fue la exigencia de justicia», subrayó la CEDHJ.
La CEDHJ también recordó que el 11 de diciembre del año 2000, emitió la Recomendación 16/2000 por las violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia, derivadas del caso.
Asimismo, el 19 de abril de 2020 la CEDHJ publicó el “Informe Especial Caso 22 de Abril”, con el objeto de que se garantizara la reparación integral del daño a las víctimas y se conformara una comisión de la verdad, integrada por sociedad civil, academia, gobierno y, sobre todo, en la que las afectadas y los afectados tuvieran una voz protagónica.
La CEDHJ expuso que al paso de las décadas, las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril han denunciado las complicaciones para el acceso a atención médica, exclusión de la incorporación del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), imposición de determinaciones institucionales y una deuda en relación al esclarecimiento legítimo de los acontecimientos.
Por lo que consideró altamente relevante que se refuerce la atención y reparación integral del daño a las personas afectadas por el caso 22 de abril. Más aún cuando, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano tiene las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
