* Ante petición del ejecutivo estatal al Congreso local para retener el organismo, el Ayuntamiento confía que magistrados hagan valer el artículo 115 constitucional al considerar una “argucia legaloide y extemporánea el último recurso del gobierno estatal

Martha Ramírez Ruiz/Javier Frías

Frente a la inminencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la controversia constitucional 98/2016 promovida por el Ayuntamiento para la municipalización el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal), hay expectativas de que sea este miércoles 10 de octubre cuando los magistrados decidan al respecto, confiando que sea a favor del gobierno municipal.

A una semana de que se reprogramó la cita que tenía el alcalde, Arturo Dávalos Peña en la SCJN en donde se desahoga el proceso de la controversia constitucional que ya agotó sus etapas y solo falta el fallo definitivo sobre la municipalización del Seapal.

Luego de que un día antes –el 2 de octubre- el Gobierno de Jalisco envió una solicitud al Congreso Local, para mantener el control de este organismo operador del agua en Puerto Vallarta, recurso que fue calificado por el asesor jurídico del Ayuntamiento, Francisco Javier Vallejo Corona, como una “argucia legaloide” y extemporánea por parte el ejecutivo estatal.

Debido a que desde el 5 de agosto del 2016 se le notificó al gobierno estatal del acuerdo edilicio del 22 de julio de ese año para que se le entregase al municipio el Seapal para su operación y administración, recordó el abogado Vallejo Corona con el legajo del expediente de la controversia constitucional 98/2016 que se podría resolver este miércoles.

Puso de manifiesto su confianza de que prevalezca el espíritu constitucionalista entre los magistrados y hagan valer el artículo 115 constitucional, reformado el 23 de diciembre del año 1999, mismo que le otorga facultades al Municipio para hacerlo.

El abogado de profesión y asesor del municipio en materia legal destacó que no se trata sólo de competencia o capacidad, sino el defender un servicio que le pertenece. “No es una solicitud personal, es de toda la ciudadanía”, enfatizó.

“No hay paso hacia atrás”, agregó, al destacar que al estar el caso ya en manos de la SCJN, no existe la posibilidad del desistimiento.

Insistió que el fallo de la SCJN debe apegarse al 115 constitucional, y que se podría dar la decisión este miércoles o antes de que concluya octubre, que no puede posponerse más porque desde hace tiempo se agotaron las diversas etapas de la controversia constitucional,

Sobre la postura del gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, de que la municipalización debe esperar ya que va a priorizar la metrololización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Vallejo Corona, explicó que esta controversia no perjudica en nada el proceso de conurbación o metropolización de los municipios de la Bahía, al tratarse de un tema meramente de reconocimiento de la autonomía municipal y de recuperar lo que a Puerto Vallarta le pertenece.

Refirió que ya 30 años el Seapal –creado en diciembre de 1977- ha estado en manos del gobierno estatal y ya es tiempo que regrese al municipio.

Añadió que, en el supuesto caso que los magistrados fallaran a favor del Estado, no se descarta la posibilidad de llevar el tema ante las instancias internacionales, tal es el caso de la Corte Interamericana, sin embargo, se dijo convencido en que la máxima autoridad en la nación les de la razón y Seapal forme parte del organigrama descentralizado del municipio.

Por otra parte, sobre la solicitud que envió el gobierno estatal al Congreso local recibida en Oficialía de Partes el dos de octubre, de la cual se tiene conocimiento, pero como actor el Ayuntamiento no ha sido notificado, subrayó que espera que esta sea desechada por los diputados locales.

LA SOLICITUD DEL GOBIERNO ESTATAL AL CONGRESO

Cabe mencionar que en ese escrito, se arguye por el ejecutivo estatal para retener el Seapal que el gobierno municipal no tiene la solidez financiera para sostener al Seapal.

Además menciona que si bien, en una reforma constitucional de 1999, se especifica que la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas, es competencia de los municipios, la misma reforma contempla que los Gobiernos Estatales pueden solicitar a los Congresos Locales conservar la operación de estos servicios.

Solicitud que presentó el secretario general de gobierno, Roberto López Lara y será la Comisión de Hacienda del Congreso Local, encabezada por Salvador Caro, la que atenderá esta solicitud, misma que se encuentra en análisis de los asesores legislativos.